Y es que hasta ahora, y según los números que en más de una ocasión fueron solicitados, en el hospital se registran todos los casos de aborto sin discriminar si fueron provocados (entre los que están los clandestinos y los que tienen que ver con una situación de salud de la madre) o los naturales.

En los folletos que entregaron a los transeúntes se sostenía que en el país se realizan por año alrededor de 500.000 interrupciones voluntarias del embarazo. Esta cantidad, que se realiza en la clandestinidad, es la causa de la muerte de una mujer cada dos días. De ese total, 70.000 mujeres por año llegan a las guardias de los hospitales públicos por complicaciones post aborto, que además pueden generar la muerte o la esterilidad. Mientras, sostuvieron que la negación a la legalización de esta práctica abona el terreno para que el aborto clandestino sea un negocio millonario, que mueve alrededor de 1.200 millones de pesos al año.

"Es una bomba de humo", fue la expresión que lanzó la coordinadora de Mumalá Salta, María Laura Postiglione, al indicar que por más que en la provincia se hable de cursos de capacitación, "no se está dando Educación Sexual Integral (ESI)" en las escuelas salteñas. "Estamos esperando que se aplique la ley", dijo al recordar que en la provincia "tenemos el antecedente bochornoso de la devolución de manuales", que había enviado la Nación para volcar la ESI. Ante un panorama como este, entendió que "no es casualidad que cada 100 chicos que nacen, hayan 25 que son de madres menores de 19 años".

Entre las versiones que surgen cuando existe una mujer que abortó de manera clandestina y llega al hospital, se indica que se la denuncia y se la pone en custodia con la Policía. "Esto no debería suceder, es un trato hasta diría inhumano", sostuvo.