La legisladora Alejandra Martinez explicó que que la Ley 5122 permite regular el funcionamiento de la actividad y promover el trabajo de producción de artesanías jujeñas. Además, prevé la búsqueda de financiamiento para el apoyo a los pequeños emprendedores del rubro, “los que por falta de recursos, y con calidad de trabajos, no pueden ingresar al marcado”, acotó.

Para Martínez, resulta “urgente que se haga efectiva la puesta en vigencia de la ley”, planteo que sostuvo durante una reunión con representantes de los artesanos, recordando que la Ley 5122 se encuentra firme desde el año 2002. “Lamentablemente se demoró su reglamentación, lo que constituyó en un obstáculo para su cumplimiento. Recién en 2007 se dictó la reglamentación, pero por ese retraso hoy los artesanos no pueden acceder a los beneficios que prevé la ley”, recordó.

Informó que, a los efectos de cumplir con las disposiciones de la citada ley, los artesanos se organizaron y designaron a los representantes que integrarán el órgano oficial que tendrá a su cargo la aplicación de la normativa. “Para eso es necesario también la urgente designación de los funcionarios de las áreas involucradas, de modo de avanzar en la conformación del órgano de aplicación”, agregó.

Advirtió la diputada radical, que la demora en cuestión “privó a los artesanos de la provisión de los fondos necesarios para la ejecución de proyectos y demás objetivos que prevé la ley para la promoción de la actividad, que tiene una importancia relevante desde el punto de vista laboral, social y turístico”.

Por otra parte, se comprometió a “gestionar la aplicación de la ley” y a que se organice la autoridad de aplicación lo antes posible. “Es la única manera de disponer de los recursos y medios necesarios para hacer efectiva la promoción de la actividad”, completó.

La Columna Previsional

Por el Dr. Pedro O. Figueroa

En vísperas del cumpleaños de la Patria, desde la “Columna” quiero sumar mi saludo fraterno a todos los argentinos que orgullosamente asistimos a doscientos años de Patria, con el firme objeto de hacerla crecer en paz y dignidad.

De cara a lo específico, comento que el 19 de mayo apareció públicamente el DNU Nº 5667-H-10 que como fruto de las negociaciones para levantar el paro docente de marzo, debía instrumentar el Gobierno de la Provincia. El primer detalle curioso es que el decreto vio la luz casi dos meses después de firmado el compromiso, supongo que por pura burocracia y no porque tanto costó su redacción. El segundo detalle curioso es que tiene fecha 31 de marzo y eligieron la fórmula de Decreto de Necesidad y Urgencia cuando al día siguiente (1º de abril) comenzó el período de sesiones 2010 de la Legislatura, no será porque la falta de ejecutividad y eficiencia de la Legislatura hizo elegir al Poder Ejecutivo el trámite DNU? El beneficio creado consiste en la creación de un adicional remunerativo que se pagará por única vez al personal de los tres niveles docentes provinciales que acredite el “Cese de Servicios”, que inicie su trámite jubilatorio y hasta tanto se expida Anses, el Ministerio conservará el cargo del docente interesado, a lo que agrego que el decreto no contiene fecha de vencimiento para adelante, lo que implica que se mantendrá para el futuro, pero no es retroactivo.

Esa es la síntesis de la figura creada, pero de inmediato surgen reclamos de injusticia, desde sectores internos (docentes) y externos (otros empleados públicos) que son: a) Desde los docentes, quienes se jubilaron con anterioridad, (aunque sea el mes pasado), dicen que ellos no tendrán este beneficio pese a que ellos también cobraron sumas en negro y no recibirán este adicional que solamente rige para adelante. b) Otros empleados públicos reclaman similar beneficio para todos, porque -dicen- todos son iguales ante la ley, todos son empleados del Estado provincial y ellos se jubilan en peores condiciones que los docentes, porque su caso se rige por la 24241 que lleva el haber mensual jubilatorio al 50% del último sueldo activo mientras los docentes llegan al 82% ahora bien calculado con este adicional.

En fin, son reclamos objetivos, ciertos, y supongo que dentro de poco los gremios del sector público de trabajadores fijarán su posición al respecto, porque cuando ante la misma situación se hacen diferencias, las quejas son inevitables.