La polémica por los haberes tope también alcanza al Poder Judicial de la Provincia. Aunque para la Justicia no rige el decreto que impone un tope salarial a sus empleados, la Constitución de la Provincia establece, en su artículo 141, que la remuneración del Gobernador será el sueldo máximo de la Provincia. Además, en sus artículos 197 y 198, relaciona al Poder Judicial con el Ejecutivo, "pero para establecer un tope mínimo, no máximo" de la remuneración que, en todo concepto, percibe un juez o funcionario judicial. De esa forma, los sueldos de jerarquía en el Poder Judicial quedan sujetos a la escala salarial del Ejecutivo que, consideran, no está del todo clara.

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y juez de la Cámara Criminal Nº 2, Jorge Álvarez Morales, consideró que esa discusión "ya es de vieja data y que, de una vez por todas, hay que sincerarla en el sentido de establecer qué se entiende por sueldo del señor Gobernador", puesto que la Constitución nada dice sobre qué conceptos integran -si todos o algunos- el haber del Gobernador, considerado como sueldo tope en la Provincia.

Aunque por un criterio adoptado de hecho, la Corte viene respetando la escala salarial del Ejecutivo a la que quedó tácitamente atado el Poder Judicial, Álvarez Morales consideró que "dada la división de poderes del Estado, ese tope no debe afectar al Poder Judicial". En ese sentido remarcó que entre las atribuciones que se le reconoce constitucionalmente al Gobernador está la de "fijar la política salarial en el área de su competencia". "Eso aclara el punto, porque el Poder Judicial debe tener autonomía sobre su presupuesto una vez que es aprobado por la Legislatura. Ese presupuesto debe ser administrado por la Corte, a través de su Superintendencia, y por lo tanto es la Corte quien debe fijar su política salarial", defendió el magistrado. "En cuanto a los sueldos del Poder Judicial, entiendo que nuevamente se encuentran desactualizados en comparación con el resto del país, incluso con provincias vecinas", señaló el presidente de la Asociación de Magistrados que, además, consignó que recibe constantes planteos sobre este punto de parte de los asociados. En su opinión, la Corte debería fijar "correctivos razonables y adecuados para evitar la constante discusión sobre salarios, llámese cláusula de ajuste o gatillo, tal como estableció Córdoba y Mendoza". "Así se evitaría el desgaste de discutir todos los meses el mismo tema, cuando hay otros temas importantes que abordar para el mejor servicio de justicia", consideró.