Consultada por esta agencia, desde la Oficina de Prensa de la Fiscalía solamente se limitaron a confirmar la noticia, como así también que inmediatamente de haber ingresado la denuncia, el organismo judicial -integrado por los fiscales Juan Bautista Méndez, Máximo Paulucci, y la adjunta Soledad Forte-, dispuso una serie de medidas. Pero éstas no fueron dadas a conocer con el objeto de resguardar la investigación recientemente iniciada.

Por otra parte hay trascendidos que indican que la denuncia radicada por la Secretaría de Derechos Humanos habría sido presentada a raíz de las denuncias que el abogado

- querellante del Caso Canale III- Omar Gebruers, realizó hace unos días en un medio radial de la ciudad de Santa Rosa, ocasión en la que habría manifestado que en la Alcaidía de G. Acha aún se "torturaba" a las personas que están privadas de la libertad.

Ante las graves acusaciones realizadas por el profesional, al ser entrevistado por el Caso Canale III, el Secretario de Derechos Humanos Héctor Rubén Funes -previo asesoramiento legal- resolvió formular una denuncia penal para que la Fiscalía de esta localidad investigue si realmente sucede o han ocurrido este tipo de hechos.

El TIP.

Cabe recordarse que el Tribunal de Impugnación Penal apartó, a través de una dura resolución, al juez Manuel Alberto Álvarez (actualmente a cargo del Juzgado de Transición de G. Acha) para que continuase investigando en la causa anexa en la que 16 policías habían quedado exculpados de aplicar tormentos a varios presos.

Cómo llegó la causa al Tribunal de Impugnación, porque Alvarez le denegó a Gebruers el recurso de impugnación, por lo que fue en queja al TIP, que aceptó tratarlo. El abogado basó la queja en que Álvarez formuló una "errónea valoración de la prueba". Dijo textualmente: "La resolución carece de fundamentos tanto fácticos como jurídicos para su dictado. No resulta la consecuencia de un proceso deductivo lógico de evaluación y mérito de las pruebas producidas, habiéndose omitido deliberadamente el ordenamiento y producción de pruebas elementales para resolver la situación procesal de los imputados".

El TIP habló de una "estrategia zigzagueante" del tribunal achense. Hace casi una década, el 31 de octubre de 2002, el jornalero Juan Carlos Canale, de 48 años, fue asesinado -después de recibir una tremenda paliza- en la celda seis de la alcaidía de G. Acha, adonde no debió estar detenido ya que había sido denunciado por un presunto exhibicionismo que nunca pudo demostrarse. Por el homicidio, en 2004, fueron condenados a doce años de prisión otros cuatro presos, Andrés Tressen, Miguel Angel Rodríguez, Gustavo Alarcón y Pedro Andrés Roveda. La Corte Suprema anuló esa sentencia y en septiembre de 2004, luego de un nuevo juicio, la Cámara en lo Criminal 1 absolvió a los imputados por el beneficio de la duda. Paralelamente se abrieron dos causas para investigar la conducta de los policías carceleros. En una, hubo tres condenados; en la otra, el TIP acaba de revocar los 16 sobreseimientos dictados a favor de policías por el juez -en ese entonces de instrucción- Manuel Álvarez, y además lo apartó de la investigación. Esas son las llamadas causas Canale II y Canale III.

Esta última es un expediente en el que aquellos cuatro presos -más un quinto que estuvo involucrado en un primer momento en la investigación- denunciaron, horas después de la muerte de Canale, haber sido torturados. En un momento la causa pasó a archivo, pero fue reflotada en 2007 por el fiscal Hugo Vercellino.