La Junta de Gobierno del radicalismo dio mandato a sus legisladores para que exijan respuesta por el accionar de la D2. “Hecho de gravedad institucional”
La resolución se adoptó en una reunión realizada este lunes bajo la conducción del senador José Manuel Cano. “Se trata de hechos de suma gravedad institucional que merecen algo más que una simple desmentida por parte del gobernador José Alperovich. Hay un ilícito denunciado”, precisó el parlamentario.
La conducción radical advirtió que en predios sin identificación oficial, ubicados en la zona de la plazoleta Dorrego, funcionan las dependencias que públicamente fueron atribuidas a la Dirección de Inteligencia Criminal (D2). Según testimonios de ex policías, advierte la resolución partidaria, esa dependencia estaría dedicada a realizar tareas de inteligencia política y gremial, las que fueron denunciadas ante la Justicia Federal por violación a la ley 25.520.
La resolución de la Junta de Gobierno radical repudió estos hechos que tomaron estado público a partir de una nota difundida por el diario La Nación y exhortó al Poder Ejecutivo a esclarecer cuales son las funciones de la D2. También requirió informes sobre las autoridades policiales a cargo de la dependencia, los recursos de los que disponen y los informes que realizaron durante los últimos dos años. Los datos deberían ser aportados por el ministro de Seguridad en el pedido de informes que deberán pedir los legisladores.
Firman la resolución Cano, Raúl Albarracín (vicepresidente) y el secretario general, Juan Roberto Robles,
Comentá la nota