El abogado de la filial San Luis de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Norberto Foresti, indicó que espera para este año el inicio del juicio por la llamada megacausa de crímenes de lesa humanidad ocurridos en esta provincia durante la última dictadura militar.

Los organismos de derechos humanos estimaron que más de treinta personas entre militares, policías y civiles serán acusadas por su actuación de diversa índole durante la represión.

Foresti, quien participó de los actos a 36 años del golpe de estado en la plaza principal de esta capital, dijo que había "muchas trabas" a la hora de llevar adelante el debate, ya que los tres jueces "son de afuera" de Mendoza.

Además, señaló que había complicaciones para "conseguir la sala, notificar a los distintos ministerios nacionales para que se comprometan" a facilitar las cosas para concretar esta etapa. "Esto va a demorar pero pensamos que con buena suerte este año va a comenzar el juicio", señaló.

El dirigente señaló que hay "32 represores, entre miembros de la Policía Federal, Policía de la Provincia, civiles, miembros el Ejército y de la Aeronáutica" que irán a juicio. Y, recordó que la fiscalía general pidió que "haya un pronunciamiento sobre la detención de ellos".

"Ese es un tema fuerte", aseguró y señaló que en la APDH "estamos a la espera de lo que resuelva la Cámara". En esta etapa, al igual que en juicio desarrollado entre 2009 y 2010 en esta capital, en el que fueron condenados tres policías y dos militares, la APDH San Luis se presentó como querellante junto a familiares de detenidos desaparecidos y ex presos políticos. El viernes, en la ciudad de Mendoza, la Cámara Federal mantuvo una audiencia de alrededor de seis horas con abogados de las partes y la Fiscalía para dilucidar algunos aspectos del proceso.

En ese sentido, la copresidente de la APDH, Lilian Videla expresó el viernes pasado en un acto en Pami, donde se descubrió una placa con el nombre de ocho desaparecidos de esa obra social, que estaban a la espera de que se retomen todos los juicios por lesa humanidad que están paralizados en el país y fundamentalmente en la provincia.