Según explicó el legislador en la iniciativa, durante una visita a ese lugar constató “un increíble operativo policial montado en el Barrio San Francisco de Berazategui, que se supone debe proteger las obras de la subestación Rigolleau, y que se ha realizado vulnerando los más elementales derechos de los vecinos, quienes deben presentar documentos para ingresar al barrio”.

García agregó que los vecinos de Berazategui reclaman desde hace ocho años el traslado de la subestación eléctrica Rigolleau y aseguró que desde el pasado 13 de febrero el barrio San Francisco “está sitiado por vallas de dos metros de altura que colocaron las fuerzas de infantería de la provincia de Buenos Aires, con colaboración de la Guardia Urbana de Berazategui y empleados municipales, sin orden judicial, impidiendo la libre circulación de los vecinos, quienes se ven obligados a presentar sus documentos de identidad para ingresar a sus hogares”.

Además, el diputado radical confirmó que visitó el lugar y constató la existencia de más de 80 efectivos policiales que se desplazan en autos particulares sin chapas patentes y que realizan actos de maltrato hacia los vecinos.

El legislador agregó que entre las deficiencias que observó en ese barrio fue el cierre de calles en perjuicio de comercios y el mencionado pedido de documentos de identidad a los habitantes del lugar.

García, tomó contacto además con un miembro de la Asamblea barrial, Ernesto Delgado, quien le expresó que “el barrio está sitiado por la policía, con la circulación vehicular totalmente cerrada, y nos solicitan a los vecinos que nos acreditemos para poder pasar el vallado”.

“Este avasallamiento de las fuerzas de seguridad sobre los Derechos Humanos esta realizado sin orden judicial y por un acuerdo entre el ENRE y el Municipio”, denunció Delgado.

Ante este panorama alarmante, la Asamblea de Berazategui, junto al Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de la misma localidad, se manifiestan en contra de la represión de la protesta social, haciendo referencia al modo agresivo en que la Gendarmería, la Infantería y la Policía procedieron a sitiar el barrio, con la participación de camiones municipales y la Guardia Urbana.

Los vecinos de esta forma exigen el traslado inmediato de la subestación Rigolleau fuera de toda zona poblada, y la implementación de una ley sanitaria que evite los daños a la salud ocasionados por problemas ambientales derivados del electromagnetismo, por lo que seguirán en estado de resistencia.