"Creo que este no es un tema menor. Porque Barreiro ha denunciado que fue despojado de sus bienes injustamente, con una denuncia falsa, e involucra en el tema a un funcionario público, la jefa del Programa de Culturas Originarias, con el soporte de la policía de la provincia, y al cacique Moyetta, quien también ocuparía un cargo público", expresó el legislador.

"También es preocupante -dijo- que en la denuncia este cacique pone en duda el manejo económico de esas tierras e incluso implica a la propia Municipalidad de Villa Mercedes, a través de supuestas gestiones de un señor de apellido Scappini, quien los habría llevado al Municipio para hacerles firmar papeles para alquilar los campos, todo lo cual es indudable que amerita una profunda investigación por parte de Fiscalía de Estado o la justicia ordinaria".

La Solicitud de informes expresa que el lonco José Manuel Barreiro denunció que fue desalojado por la fuerza de su vivienda de la comunidad ranquel. En declaraciones periodísticas, afirmó que el gobierno “lo usó, le dio casa y un lugar para vivir para después despojarlo de todo” y acusó a Walther Moyetta -el otro lonco de la comunidad- de “amenazas con arma, persecuciones e injurias”.

Según su versión, Barreiro fue desalojado y desterrado de la comunidad ranquel el lunes 23 de agosto pasado, relatando que la jefa del Programa de Culturas Originarias, Pascuala Guayquinchay, llegó al lugar con ocho 8 policías (uno de la ciudad de San Luis y siete de Buena Esperanza) para realizar el procedimiento forzado que lo dejó sin vivienda y sin bienes a él, su esposa y sus hijos.

El lonco fue acusado de robo de animales y de usufructo ilegal de un campo, imputaciones que negó, agregando que fue todo un “invento” para sacarlo de allí porque él había solicitado “explicaciones sobre el comercio de vacas en las 67 mil hectáreas del territorio. Está llenó de animales, pero a nosotros nos dan mil pesos por mes", afirmó.

También acusó a Moyeta de haberlo amenazado con un cuchillo en varias oportunidades, amenazas y persecuciones que también recibieron integrantes de su familia.

Lo más grave es que este presunto “atropello” o “despojo” se habría realizado en un procedimiento en el que intervino la jefa del Programa de Culturas Originarias, Pascuala Guayquinchay, un comisario de apellido Molina de la División Investigaciones de la ciudad de San Luis y siete policías de Buena Esperanza, lo cual amerita solicitar explicaciones a los fines de aclarar este escandaloso episodio" manifiesta uno de los argumentos de la solicitud.

Por eso, el proyecto insiste en que se le pida información al Ejecutivo sobre:

a) Si se ha abierto una investigación a través de Fiscalía de Estado y/o sumario interno, con el objeto de investigar lo ocurrido con el lonco de la comunidad ranquel, José Manuel Barreiro y su familia, quien denunció públicamente haber sido despojado de sus bienes, desalojado y destituido de su cargo.

b) Si existe alguna denuncia oficial contra el lonco José Barreiro por usufructo ilegal de un campo u otra causa. Juzgado en el que está radicada.

c) Cargo que desempeña el lonco Walther Moyetta, en la comunidad ranquel, y designación oficial –si existiera- en el organigrama o plantel de personal del Ejecutivo provincial.

d) Si existe algún control respecto de la actividad comercial que se desarrolla en las 67 mil hectáreas restituidas. En caso afirmativo, detalle de las mismas.

e) Si es lícito alquilar y/o enajenar dichos campos.

f) Si se ha delegado al Municipio de Villa Mercedes o alguna persona de apellido Scappini, para cumplir gestiones en representación del Gobierno Provincial.

g) Si han tomado intervención los Programas de Desarrollo e Integración de la Cultura Ranquel y de Culturas Originarias. En caso afirmativo, actuaciones que les cupo.

h) Si en los hechos enumerados participó personal de la Policía de la Provincia. En caso afirmativo, con qué fundamento legal (orden judicial).