El bloque del Frente Cívico y Social presentó en la Cámara de Diputados una minuta de comunicación solicitando a la Función Ejecutiva que informe, a través del Ministerio de Hacienda, el cumplimiento de la ley de Presupuesto (8115) del 2007. A través de esta ley provincial, que no se cumplió, se otorgaron mejoras a los salarios de los trabajadores judiciales.

En plena interna entre la Cámara de Diputados y el ex gobernador Ángel Maza el 12 de diciembre de 2006 fue aprobada la Ley de Presupuesto para el ejercicio de año siguiente. En la norma asignaron una partida de 15 millones de pesos a la Función Judicial para que se implementara en forma gradual, un régimen de aplicación automática de remuneraciones a los empleados.

En febrero de 2007 el Tribunal Superior de Justicia resolvió ejecutar y dar cumplimiento a los previsto en el artículo 27 de la Ley de Presupuesto e implementar la gradualidad del régimen de aplicación automática de sus agentes. Después la Función Ejecutiva sancionó el decreto 1.096 el que establece una partida adicional, dispone para los empleados comprendidos entre las categorías jefe de departamento o equivalente y ayudante del escalafón general, un incremento en el sueldo de 115 pesos.

A su vez el 11 de junio de 2007, la Función Ejecutiva dicta un Decreto de Necesidad y Urgencia 1174, mediante el cual, estatuye un aumento de 100 pesos. En esa fecha Luis Beder Herrera ya estaba frente a la Gobernación.

En este sentido el radicalismo sostiene que los 100 pesos "absorben los adicionales y con los decretos 1069 y 1774 otorga aumentos voluntarios distantes del sistema de automaticidad. Tales decretos son resultante de la sola voluntad del gobernante, desprovisto de sostén jurídico en derecho, tornado la conducta estatal en arbitraria e ilegal". Es decir que el Gobierno provincial pagó menos de los dispuesto por ley.

Además en el expediente 1.193 del 2007 caratulado "ATJ. La Rioja s/Amparo" tramitado ante el Tribunal Superior de Justicia se dictó el 4 de enero de 2008 una resolución que declaró la plena vigencia de las normas ordenando al Estado provincial el inmediato cumplimiento de la norma.

"La norma creó un derecho nuevo en cabeza del personal de la Función Judicial. Cada uno de sus agentes pasó a ser titular de un derecho personal subjetivo, en tanto facultad jurídica que les permite exigir un cumplimiento concreto del Estado. No es admisible que el sueldo pueda ser disminuido y/o suprimido, toda vez que el principio de intangibilidad así lo impera", sostiene el bloque en su presentación ante la Cámara de Diputados.

Comisión

El proyecto de minuta de comunicación presentado por el Bloque del Frente Cívico y Social pasó a estudio de comisión para su tratamiento. Galván se reunió con los trabajadores del Función Judicial encuentro que generó un cruce con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ángel Ávila.