Durante 2007, 2008, y 2009 la Escribanía de Gobierno no dio cumplimiento estricto de recepción o intimación de la presentación de declaraciones juradas de funcionarios públicos, y la Auditoría General de la Provincia tampoco cumplió con esa obligación.
La falta de control señalada surgió de una investigación realizada por la fiscal correccional 8, Claudia Geria, quien entendió que los deberes de funcionarios no fueron acatados y trasladó todos los antecedentes a la Fiscal Penal 2, María Inés Loyola.
Fue la fiscal penal la que en marzo solicitó al magistrado que cite a prestar declaración indagatoria a los responsables de la Auditoría General de la Provincia. No obstante, se explicó que los miembros de la Auditoria gozan de inmunidad y para ser citados a declarar debe seguirse un trámite especial.
La fiscal correccional inició sus actuaciones de oficio en noviembre pasado y averiguó que en el ámbito de la Escribanía de Gobierno no se dio cumplimiento estricto a los deberes que a ese órgano le imponen las Leyes Provinciales 3382 y 6547, relativas a la obligatoriedad de presentar las declaraciones jurídicas de bienes por parte de los funcionarios públicos.
La Escribanía de Gobierno, a cargo de Víctor Manuel Fernández Esteban, informó a la Fiscalía que no obraban constancias de que en gestiones de los años 2007, 2008 y 2009 se hubiera acatado el mandato específico de perseguir el cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas por medio de intimaciones y publicaciones ante su omisión.
Sobre ese punto, la Fiscalía advirtió que el control fundamental del cumplimiento del régimen de declaraciones juradas ha sido puesto por la ley 7103 en cabeza de la Auditoría General de la Provincia.
El artículo 32, inciso k, de esa ley dice que la Auditoría General deberá efectuar el control de las presentaciones, del registro y del archivo de las declaraciones juradas patrimoniales, evaluando el grado de cumplimiento de tal exigencia.
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