El concejal del Bloque Atlántico, Hernán Alcolea, propuso que todos los establecimientos privados en los que se produzcan grandes concentraciones de público cuenten de manera obligatoria con videocámaras de monitoreo que puedan ser conectadas a la red de seguridad recientemente creada por el municipio. La iniciativa describe cuáles serían los establecimientos a los que eventualmente se les exigiría cumplir con esta disposición, entre los cuales figuran supermercados, hoteles de 4 y 5 estrellas, shoppings, teatros, cines, museos, bibliotecas, locales gestronómicos, centros educativos o clubes, entre otros.

La idea es que las imágenes que sean captadas por estos dispositivos puedan ser observadas desde el centro de monitoreo, en el cual ya se reciben las señales de las videocámaras adquiridas por el municipio para realizar el control en la vía pública.

Según explicó Alcolea, el costo de instalación y de mantenimiento por parte de los establecimientos privados que deban incorporarse al sistema, estará a cargo de los particulares. Al tomar conocimiento de la propuesta, fuentes del Ejecutivo se mostraron de acuerdo con la posibilidad de que la red sea ampliada mediante la instalación de videocámaras por parte de privados. No obstante, consideraron que en este momento en el que recién el sistema está comenzando a operar sería dificultoso agregar nuevos puntos de visualización de esta manera ya que esto exigiría incrementar de manera muy significativa la capacidad de trabajo del centro de monitoreo.

A la vez hicieron notar que la red se encuentra operada por la empresa privada que ganó la licitación, por lo que incorporarle videocámaras no previstas, exigiría modificar las condiciones del contrato vigente. "En todo caso, una vez que venza el plazo de concesión, si el sistema quedara en manos del municipio esta cuestión sería más fácil de resolver", señalaron. Al fundamentar su iniciativa, Alcolea había considerado que teniendo en cuenta que los "innegables esfuerzos que realiza el municipio para mejorar la seguridad resultan insuficientes" es "indispensable la colaboración de los particulares en general". Por eso opinó que "los propietarios de establecimientos con movimiento multitudinario de gente o de riesgo para sus clientes y transeúntes, deben contribuir junto con el municipio en el esfuerzo para mejorar la seguridad pública".