La presentación fue realizada ayer ante el fiscal de Estado adjunto de esa provincia, Javier Fernández, a quien solicitó que "proceda a demandar la nulidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza del Convenio firmado en 2008 por el ex gobernador Celso Jaque".

El pedido de intervención a la Fiscalía de Estado surgió como una contraofensiva a las acciones llevadas adelante por la Fundación Chadileuvú para exigir el cumplimiento del acuerdo interprovincial. La Fuchad, luego que el Tribunal Latinoamericano del Agua fallara la semana pasada a favor de La Pampa, anunció que reclamará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Pampa mantiene un histórico reclamo para que Mendoza permita el paso del río Atuel hacia su territorio, ya que lo cerró con la construcción del dique El Nihuil en 1947, causando graves daños a la producción y despoblando el oeste provincial. En la actualidad, la provincia pretende que se ponga en marcha el convenio firmado en 2008 para que sean compartidas las aguas.

Pero el gobierno de Mendoza se enfrenta con fuertes protestas de los productores de varios departamentos que se benefician de la irrigación de sus campos con el llamado oasis sur de la provincia.

La legisladora Montero, a través de un comunicado, advirtió ayer que el gobierno de Francisco Pérez solo presentó como "defensa" ante los reclamos pampeanos el convenio que su antecesor, Jaque, firmara con la Nación y con La Pampa en 2008, "generando las protestas de buena parte de la ciudadanía".

Montero argumentó su petición para que se anule ese convenio al considerar que es "contrario" a la Constitución mendocina y perjudica "ostensiblemente los intereses fiscales de la Provincia de Mendoza".

En ese contexto, la legisladora pidió además que la Fiscalía de Estado "intime al Poder Ejecutivo Provincial (para que) se abstenga de seguir sosteniendo su texto". Además, Montero recordó que en 1987 "la Corte Suprema de Justicia de la Nación le reconoció a Mendoza el derecho de irrigar 75.651 hectáreas en el oasis sur y solo luego de dicho abastecimiento encontrarse obligada a escurrir agua hacia la vecina provincia".

Pero se quejó porque "inexplicablemente el ex gobernador Celso Jaque suscribió en el año 2008 un convenio con la Provincia de La Pampa y con la Nación" que establece, dijo, el "uso del recurso hídrico afectando al oasis sur de Mendoza". Esto, consideró, sería una situación "totalmente inconstitucional y a toda luz perjudicial para los intereses de Mendoza y de los habitantes del sur de la provincia".

Beneplácito de Scovenna

El ex legislador Juan Carlos Scovenna, de reconocida actuación pública en defensa de los recursos hídricos pampeanos, expresó su beneplácito por el fallo del Tribunal Latinoamericano del Agua, que le reconoce a La Pampa su derecho a las aguas del río Atuel. En especial, Scovenna resaltó que dicho órgano haya afirmado que Mendoza viola el derecho humano al agua, lo que calificó como "un paso adelante".

En su cuenta de Facebook, el ex diputado considera que ese fallo "es un llamado de atención para quienes se encuentran en funciones dentro del Estado" y que "son responsables quienes habiendo tomado conocimiento de ello y encontrándose en funciones en el Estado, no actúan en consecuencia".

"Sería dable que todos comprendiéramos que la violación de los derechos humanos no se limitan a los gobiernos autoritarios o dictatoriales", añadió Scovenna, a la par que cuestionó que pese al tiempo que lleva de presentado un documento vinculado al tema, con más de 400 firmas, no ha habido ninguna respuesta de los organismos estatales específicos.