El Centro de Funcionarios Judiciales de Tucumán puso de manifiesto inquietudes y sugerencias, surgidas en el seno de la institución, en torno a la lenta ocupación de vacancias en la Justicia provincial.

Advierte una misiva que, con la firma de Roque Alberto Medina (presidente), Roberto Rodolfo Tejerina (secretario), Luis Antonio Suárez (tesorero) y Hugo José Torres (vocal 1º a cargo de la secretaría), fue remitida al presidente del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) Antonio Gandur, que sin ánimo corporativista o de mezquina defensa de los intereses de los asociados del centro al que representan, sino con la preocupación por la situación en que se encuentra el Poder Judicial de nuestra provincia ante las vacantes de numerosos despachos, manifestaron la voluntad firme de contribuir a la selección de los más idóneos a través de un proceso equitativo y justo.

En ese sentido, admiten que el sistema adoptado por el Reglamento del CAM, en su Anexo I, de fijar porcentajes máximos por rubro, "desmerece la especialización y la concentración de esfuerzos en algunos de ellos, especialización que muchas veces es demostrativa de una fuerte inclinación vocacional", aseguran. Consideran que no se aprecia que resulte indispensable que el Reglamento fije máximos fijos para cada rubro que en su conjunto o suma no excedan los 35 puntos. Advierten que "en los hechos, ello implica que quien desarrolla con excelencia su actividad en sólo uno de los tres rubros a los que el Reglamento le asigna relevancia a la hora de merituar la idoneidad, no merezca como puntaje más que el máximo fijado como tope. El sistema torna rígido en extremo los criterios de evaluación que utiliza ese Consejo en desmedro de la real capacidad demostrada por los antecedentes de quien desarrolla su profesión sólo en una de tales áreas".

Injusta distinción

En otro párrafo del escrito los dirigentes del Centro de Funcionarios Judiciales consideran que la dificultad creada por ese sistema previsto por el Reglamento afecta especialmente al funcionario judicial de carrera, "quien ejerce su profesión de abogado con dedicación funcional y bajo el estricto régimen de incompatibilidades que le impone el sistema legal, limitaciones que en los hechos le impide acumular simultáneamente puntos por los distintos rubros, situación que al no presentarse en el caso del ejercicio de la profesión libre, crea una injusta distinción", añadieron.

También hicieron hincapié en lo que consideran una arbitraria discriminación por entender que se da esa situación "al asignar el puntaje por antigüedad en el ejercicio profesional del Derecho que ejerce su actividad como abogado y quien lo hace como funcionario judicial, tal como expresamente lo reconociera el señor presidente Antonio Gandur", sentenciaron.

Aún sin pretender que se reconozca que el desempeño de la función judicial aporta en los hechos la adquisición de las capacidades y habilidades propias del ejercicio de la Magistratura, dicen los dirigentes que no se advierten las razones que justifiquen que el ejercicio de la profesión libre tenga asignado como puntaje máximo 12 puntos, en tanto al ejercicio de cargos o funciones judiciales sólo se le atribuya un máximo de 8 puntos.

La nota dirigida a Gandur establece que el estamento representado por el Centro de Funcionarios Judiciales, carece de representación en el seno del Consejo, nos obstante, comparte la idea de una composición plural de la Magistratura, al tiempo que defiende "la igualdad de oportunidades para el acceso a la misma, por quienes cumplan las exigencias de la Constitución y demuestren idoneidad para el ejercicio del cargo al que aspiran", concluyeron.