Luego del fallo en el caso Marita Verón y de la decisión de reformar la ley que combate al trata de personas, este matutino buscó la palabra de un profesional que haya tenido contacto con casos de trata para saber cual ha sido la respuesta que ha dado el Poder Judicial ante estos aberrantes casos que, entre sus vueltas legales tiene la posibilidad de que quienes hayan cometido crímenes puedan terminar excarcelados.

En su charla con Radio Uno, el funcionario expresó que la trata de personas es un delito de extrema gravedad y que ocurre en distintos puntos del país: “Nosotros estamos haciendo una interpretación sistemática y que no de lugar a dudas. Aunque se trata de una persona mayor y otorgue su consentimiento a recibir ese tratamiento, se considera que la trata es un delito”, dijo.

Wenk remarcó que cuando la Justicia actúa de manera rápida y eficiente se pueden salvar a muchas personas de caer en las redes de trata. El consentimiento o no de la victima a ser sometida a este tipo de delitos, es materia de mucha discusión en el ámbito judicial a la hora de plantear las condenas o absoluciones de los imputados.

“La trata tiene condenas en el país, en el Tribunal Oral de Formosa no tuvimos ningún caso pero en otras jurisdicciones si los hay y han habido condenas”, sostuvo Wenk.

En ese sentido también agregó que: “El delito de personas mayores de edad, previsto y reprimido por el art. 145 bis, primera parte del Código Penal y fue incorporado el Código Penal por Ley 26.3645”.

Dijo también que: “esta Ley titulada de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a la víctimas” contempla en su primera parte la figura básica del delito de trata de personas mayores de 18 años, prescribiendo: “El que captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de dieciocho años de edad, cuando mediare un engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación, será reprimido con prisión de 3 a 6 años”.