Un nuevo capítulo se inscribió en el incidente donde Bomberos acusa a delegados del Suoem de haber provocado un accidente vial durante una manifestación en enero pasado y que dejó como saldo a dos personas heridas.

El oficial Néstor Olivera y el suboficial Walter Gutiérrez presentaron ayer al mediodía una demanda civil ante la Fiscalía del Distrito 1 turno 3 a cargo del doctor José Mana, contra los dos empleados municipales imputados por el presunto delito de “lesiones leves, daño calificado y privación ilegítima de la libertad”.

Los empleados municipales Pablo González y Osvaldo Pereyra están acusados de haber arrojado una bomba de estruendo a un móvil de Bomberos de la Policía que luego colisionó con una moto con dos personas a bordo, que resultaron heridas.

Los querellantes particulares también demandan al gremio del Suoem al que consideran responsable solidario.

En su justificación, el abogado patrocinante, Alejando Zeverín, argumentó que los acusados son delegados gremiales y que el sindicato “permitió o coordinó la utilización de artefactos explosivos”. La demanda asciende los 260 mil pesos, por lo que pidió el embargo de la caja del gremio municipal.

Cabe recordar que en los días siguientes a los hechos que fueron filmados por un obrero de la construcción desde un edificio, las autoridades de Bomberos de Córdoba presentaron una denuncia penal contra el Suoem, mientras que la Municipalidad acudió a la Justicia.

A través de un decreto, el intendente Ramón Mestre autorizó a la Asesoría Letrada a “constituirse en actor civil y/o querellante” a fin de que se determine a los responsables de los incidentes ocurridos durante la protesta realizada el 10 de enero pasado.

El municipio se refirió a tres hechos puntuales: un incidente con un taxista en Plaza España, rotura de vidrios a causa de bombas de estruendo en la Secretaría Privada del Palacio 6 de Julio y lo sucedido con un móvil de Bomberos en calle Avellaneda y Santa Rosa.

A comienzos de febrero, luego de haber permanecido prófugos de la Justicia, González y Pereyra fueron detenidos acusados de arrojar las bombas de estruendo.

Sin embargo, días después, los dos asistidos por el abogado Ricardo Moreno fueron liberados tras haber pagado una fianza de 30 mil pesos cada uno. En aquel momento, el fiscal Mana entendió, según las palabras del propio Moreno que, “los empleados no eran responsables de esa acusación”. Y luego agregó: “No hay nada que demuestre que los empleados municipales hayan sido responsables de esta acusación y de esa manera lo entendió el fiscal, por eso la liberación”.