La semana pasada, el Superior Tribunal de Justicia volvió a rechazar la intención de los jueces electorales de integrar el Consejo de la Magistratura porque “no son jueces de la Constitución” y provienen de una “designación puramente política”. Enseguida, miembros del cuerpo electoral provincial plantearon su desacuerdo con la postura del alto cuerpo: “ninguna normativa impide incluirnos en los sorteos de jueces para integrar el Consejo de la Magistratura”, reaccionaron en un comunicado Verónica Hans de Dorrego y Guillermo Alucín.

Ahora, el Dr. en Ciencias Jurídicas, Guillermo Evans terció en el debate mediático y a través de un documento titulado “¿Son realmente `jueces` los miembros del Tribunal Electoral Provincial?” fijó su posición, introduciendo un nuevo escenario.

“Leemos con estupor cómo los jueces del Tribunal Electoral de la provincia de Formosa están pretendiendo ser incluidos en el listado de candidatos a integrar el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Formosa”, dijo Evans al inaugurar su escrito.

“La creación del Tribunal Electoral fue una mera avanzada del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, porque se lo constituyó en franca infracción a las normas constitucionales, ya que sus “jueces” no pasan por el procedimiento de selección del Consejo de la Magistratura, sino que los designa la Legislatura a propuesta del Ejecutivo. Su constitución hasta ahora ha sido tolerada, porque debió haber sido declarado inconstitucional desde un principio”, embistió.

“Es dudosa su naturaleza jurídica, ya que no se lo creó como un tribunal meramente administrativo para controlar los procesos electorales, con un contralor judicial por parte del Superior Tribunal de Justicia. Tampoco podemos decir que sea un tribunal de facto, porque se denominen “jueces” a pesar de no serlo, ya que es costumbre –una mala costumbre, por cierto- admitir esa extensión semántica a otros tribunales creados para funcionar como una suerte de “jueces” administrativos, como ocurre con los integrantes del Tribunal de Faltas”, ejemplificó.

“Supongo que no se ha cuestionado su funcionamiento hasta ahora, porque se han comportado como si fueran jueces genuinos. Pero comienzan a tener pretensiones disparatadas -como la que vienen exteriorizando- al exigir ser incluidos en el listado de “jueces” que pueden acceder -en representación de sus “pares”- a representarlos nada menos que en el control para la designación de los “jueces de verdad”. Esto sí que es preocupante”, advirtió.

Y fue más al fondo: “han llegado al extremo de compararse con los Ministros del Superior Tribunal de Justicia, que se designan por un procedimiento mixto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Pero esto es precisamente lo que dispone la Constitución Provincial para la designación de los ministros del referido Superior Tribunal de la provincia. Mientras que el texto constitucional no deja dudas de que los demás “jueces” –todos- tienen que ser designados por la Legislatura de la terna que le envía -previa aprobación de exámenes y control de antecedentes- el Consejo de la Magistratura; requisito que no cumplen los integrantes del Tribunal Electoral”.

“Tal vez sería hora de que no se dejara crecer más a estos pretendidos “jueces”, que en estricto sentido no son tales, y se determinara judicialmente si la existencia del Tribunal Electoral está en franca contradicción con lo que dispone el Art. 169 de la Constitución Provincial”, cerró el profesional del foro.