Sostiene en el articulado que la norma, de sancionarse, “regirá desde el día siguiente al de su publicación, aplicándose aún a todos aquellos casos en que el artículo 3º de la Ley 9946 se hubiere invocado para declarar de interés turístico un emprendimiento”.

El artículo 3 de la ley de Turismo declara de interés turístico provincial los proyectos integrales de emprendimientos turísticos, que deberá hacerse por decreto del Poder Ejecutivo fundamentándose en la incidencia económica, la que deberá consistir en: a) emprendimientos de Hotelería de 4 y 5 estrellas; b) centros de convenciones para no menos de 600 personas; c) ferias, congresos, exposiciones, parques recreativos, temáticos y otros emprendimientos turísticos que demanden una inversión económica total similar a los emprendimientos señalados en los puntos a) y b) del presente artículo.

Además, dispone: “en aquellos emprendimientos turísticos declarados de interés provincial podrán prestarse servicios de salas de juegos recreativos de azar y/o casinos, previa evaluación de factibilidad por parte del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (I.A.F.A.S.) y en el marco de la Ley Nº 5144”.

En la fundamentación de la iniciativa a la que accedió Recintonet, Rodríguez expresa: “oportunamente, nuestro partido y sus legisladores denunciaron la inclusión de este artículo como un verdadero ‘Caballo de Troya’, destinado a introducir de manera tramposa la posibilidad desastrosa de la privatización del juego en una norma supuestamente destinada a promover la actividad turística”.

Consideró la legisladora que “ha quedado suficientemente demostrado que la instalación de salas de juegos de azar en nada contribuye a la potenciación de los atractivos turísticos de nuestras ciudades”. Finalmente, cita el caso particular de Concepción del Uruguay, donde se busca instalar “un infame ‘casino electrónico’” según lo calificó la diputada, en el inmueble del Mercado 3 de Febrero.

Un repaso

La ley de Turismo se aprobó por mayoría en 2009, con una cláusula que señala que todas las salas de juego que se habiliten, previa evaluación del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), funcionarán de acuerdo a lo que establece la ley número 5.144 que regula el juego en la provincia.

La polémica se había generado por dos artículos que habilitaban a quienes realicen en Entre Ríos inversiones turísticas de magnitud a solicitar la instalación de un casino de administración privada. Quienes apoyaron el proyecto de ley argumentaron, básicamente, que la caída en la recaudación de los casinos locales puede revertirse si la administración de nuevos casinos está en manos privadas, ya que los estatales son altamente deficitarios.

En tanto, si bien los trabajadores no se oponían a una norma que regule la actividad turística, cuestionaban que la iniciativa “permitiría que se entregue el juego a manos privadas, las que se estarán llevando todo el dinero afuera de la provincia”, además de poner en riesgo sus trabajos o alterar las condiciones laborales.