El legislador propuso remitir "en consulta el proyecto de ley 106/12 presentado por el Poder Ejecutivo provincial, por medio del cual se propicia el Marco Regulatorio de las Actividades Minera e Hidrocarburífera en la Provincia del Chubut”, al Defensor de Pueblo, Ricardo Azparren, para que este funcionario garantice la posibilidad de participación plena de los diversos sectores sociales, entre ellos los representantes de los pueblos originarios.

El presidente del bloque de diputados del PJ Modelo Chubut, Jerónimo García, solicitó la intervención del Defensor del Pueblo de Chubut, Ricardo Azparren, para que se expida sobre la normativa propuesta por el gobierno que se denomina marco regulatorio de la actividad minera e hidrocarburífera.

El planteo fue realizado mediante una nota suscripta por García y en ella expresa la necesidad de remitir “en consulta el proyecto de ley 106/12 presentado por el Poder Ejecutivo provincial, por medio del cual se propicia el Marco Regulatorio de las Actividades Minera e Hidrocarburífera en la Provincia del Chubut”.

“El objeto de esta remisión se debe a que se trata de un tema controversial acerca de los beneficios y/o perjuicios que la actividad minera importaría para nuestra provincia. Ello ha dado lugar a la presentación, por parte de distintos grupos de ciudadanos, a este bloque de diversas notas manifestándose sobre el particular. En razón de ello, nos parece apropiado contar con su valoración sobre el mismo”, afirmó Jerónimo García.

LECTURA DE NOTAS

De hecho el propio titular del bloque justicialista en la última sesión solicitó sea leída en el recinto una nota que enviaron las Comunidades Mapuche-Tehuelche de la Meseta Central Norte y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen de la Diócesis de Comodoro Rivadavia con consideraciones sobre la explotación minera en Chubut.

En esa nota, los autores de la misma plantearon que “resulta una obligación del Estado consultar a las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática”.

“En ese marco resulta una obligación del Estado consultar a las comunidades y pueblos indígenas sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus derechos reconocidos en la normativa interna e internacional, así como la obligación de asegurar los derechos del os pueblos indígenas a la participación en las decisiones de los asuntos que conciernen a sus intereses”, sostuvieron.

Destacaron, los firmantes, que “es claro que los artículos 22 y 23 del proyecto, al modificar la ley 5001, reducen de modo notable el derecho a la participación y de este modo se afecta directamente a las comunidades cuyo territorio se encuentra en las áreas mencionadas en ese artículo”.