Sobre el tema, el defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que pedirá el acompañamiento y apoyo de la Asociación de Defensores del Pueblo de la Republica Argentina -ADPRA-, en la persona de su actual presidente, el defensor del Pueblo por la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto, y demás asociados con la finalidad de que se arbitren todas las medidas de hecho necesarias para que el Estado facilite la apertura de otras prestatarias para una mayor competencia.

"Hoy nuevamente las empresas de telefonía, que tienen exorbitantes ganancias, vuelven a aumentar sus tarifas, y como se puede apreciar, se van turnando. Por ejemplo, Claro, que no había producido modificaciones de costos en el último semestre, como lo hicieron Movistar y Personal, ahora autoriza un incremento promedio del 10 por ciento; y Movistar, cuya última alza fue en agosto 2010, anunció otros incrementos que van del 5 por ciento, 15% y hasta el 24%. Telecom ya actualizó sus costos", señaló Gialluca.

Por otro lado, se denunció que la alta concentración en tan sólo tres proveedores principales �dos de los cuales asociados- tiene casi el 70% del mercado, la penetración en la mayoría de los hogares, la cantidad de usuarios, que en casos se ha tornado un elemento imprescindible y los incrementos que en el último año superan ampliamente el 40%, lo que determina que el tema de la telefonía celular deba ser abordado por las áreas pertinentes del Estado.

Desde el área de Defensa del Consumidor se indicó que el problema está centrado en la normativa vigente, la Resolución Nº 490/97 emitida por la Secretaría de Comunicaciones, que no le da al Estado la potestad de efectuar los controles tarifarios, ni el llamado a Audiencia Pública para autorizar las subas; todo esto debe ser modificado.

Unicamente existe en forma complementaria la iniciativa de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) girada a distintas Asociaciones en forma de borrador de consulta, para mejorar la calidad, la precisión informativa y la atención a los clientes, y finalmente -desde la Secretaría de Comunicaciones- dictar una resolución al respecto.

También se informó que, en el caso de los planes que ofrecen las empresas, el 90 por ciento de los clientes elige sistemas prepagos (tarjeta), y el 10 por ciento restante opta por sistemas pospago (abono combinado o libre). "Si realizamos una comparación de costos entre el sistema prepago (tarjeta) y pospago (abono), una llamada mediante la primera modalidad cuesta $ 0,60 en promedio contra $ 1,60 para quienes recargan tarjetas. La diferencia también es muy marcada con los mensajes de texto: $ 0,25 contra $ 0,48, respectivamente", reveló la Defensoría.