El Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (MUMALA), que tiene su sede en Salta y una de sus referente es María Laura Postiglione, lanzó, en busca de adhesión, un documento para impulsar la declaración de la emergencia nacional por la gran cantidad de casos de violencia de género que se registran en el país.
Además piden poner en funcionamiento el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, según lo establecido en artículo 9° de la ley antes mencionada.
MUMALA también propone "conformar en todo el territorio nacional, unidades especializadas que brinden los servicios indispensables para proporcionar a las mujeres víctimas de violencia de género, atención gratuita en las áreas psicológica, sanitaria, social, laboral y jurídica".
A la vez que solicita establecer en todo el territorio nacional, una red de contención social y sanitaria entre el Estado y Organizaciones No Gubernamentales especializadas en violencia de género.
Otra propuesta pide implementar en todo el territorio nacional, Programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer;
Además se solicita fundar las "Casas Refugio" como instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres víctimas de violencia de género, en aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza a su integridad física, psicológica y/o sexual.
También hacen referencia a las asistencia económica de las mujeres que se encuentren en situación de emergencia social por violencia de género a las que se les daría "una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo vital y móvil, durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se reinserten laboralmente según cada caso".
MUMALA considera necesario brindar en todo el territorio nacional, acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz en los servicios sanitarios, legales y socio-laborales que asisten a las mujeres víctimas de violencia de género.
Y por último hacen el pedido que en todos los casos y aún en los registros que las autoridades públicas puedan implementar, se deberá preservar y resguardar la identidad de la víctima, a fin de evitar con ello una exposición al flagelo social.
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