La Defensoría del Pueblo acaba de elevar una formal instancia a la secretaría de Comunicaciones de la Nación , a los efectos de que impulse la sanción de una ley que declare servicio público a la Internet , el cable y la telefonía, tanto fija como móvil.

El caso testigo, conforme lo señalaron, estuvo en la reciente afectación de 16,7 millones de argentinos, miles de formoseños, que se vieron privados, por siete horas, del servicio, por la caída de la señal de la telefónica Movistar.

Sin perjuicio de que la empresa se apresuró a emitir un comunicado mediante el cual, “a su antojo”, compensará como le parece a los afectados y el Estado Nacional, seguramente, le impondrá fuertes sanciones, la situación disparó la alarma en cuanto a la importancia de los servicios de telecomunicaciones, su influencia en la comunidad, recreando las interrogantes de ¿quién y como los manejan?. La Internet , el cable y la telefonía, son fundamentales para las personas, representan una parte esencial del presupuesto de gastos de los hogares argentinos, su consumo se ha extendido enormemente, su cobertura geográfica abarca cada rincón del país y su impacto social es innegable. Conforme datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la variación más marcada en servicios, la registró, con un 20%, el envío, recepción de mensajes y llamadas hacia y desde celulares.

Existen, en la actualidad, 57,9 millones de líneas de celulares habilitados en el país, a cargo de las empresas Claro, Personal y Movistar. La Argentina , cuenta con 30,5 millones de usuarios de Internet, cubriendo una franja de 75% de su población. A estos servicios los manejan solo tres compañías, Fibertel, Arnet y Speedy. Existen 8,5 millones de hogares abonados a la televisión por cable, el 50 % del mercado nacional lo maneja el grupo Clarín, el que, además de ser dueño de Speedy, en Internet, posee Cablevisión y Multicanal; además están DirecTV, Supercanal, Telecentro y un pequeñísimo porcentaje de operadores privados. El Organismo de la Constitución , poniendo el acento en estos datos, solicitó la declaración de Servicio Público de los servicios de telecomunicaciones, denunciando la existencia de oligopolios manifiestos en el manejo de las compañías privadas de los servicios que prestan, lo que se evidencia con la imposición de tarifas abusivas, el abandono en sectores de suma importancia social, como la telefonía fija, para lucrar más en otros, como la telefonía móvil, que la prestan mal también.

La discriminación, ejemplo, en telefonía celular, quien tiene menos, por no poder acceder a los abonos, debe pagar mucho más por los servicios. La falta de respuestas a los reclamos que los usuarios, existiendo, como contrapartida, enormes dividendos económicos que las empresas no reinvierten en el país, sino que los llevan al extranjero, pues todas tienes sedes en otras naciones.

“ La Declaración de servicio público de las telecomunicaciones, -finalizó diciendo el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca-, por un lado, hará que el estado, asuma su rol tutelar de los derechos de los consumidores, como lo manda el artículo 42 de la Constitución Nacional , y abrirá la puerta para la solución de los reclamos por sobrefacturación y servicios deficientes, la regulación de los precios de las tarifas, la constitución de tarifas sociales, la aplicación de criterios de universalidad, calidad y continuidad que, por el momento, brillan por su ausencia y ya deberían estar, a estas alturas”.