Por medio de una ley se busca reconocer los derechos de los empleados que pertenecen al Programa de Inserción Laboral. Es través de la modificación del decreto ley 3870 (Estatuto del Empleado Público) que no contempla esta categoría.

La iniciativa, que lleva el nombre de creación de categoría de agentes públicos pertenecientes al Estado provincial, denominada planta PIL pertenece al diputado Jorge Basso y tomó estado parlamentario en la sesión legislativa del jueves pasado.

El legislador explicó que la Ley 3870 sólo contempla dos categorías que son planta permanente y transitoria, desconociendo a otra franja, que surgió como herramienta de inserción social y que también deben gozar de los mismo derechos y obligaciones contempladas en la legislación provincial.

Dijo que con, en caso de aprobarse el proyecto, se “llenaría un vacío legal” y “cambiarían las reglas de juego” para los beneficiarios de este programa que podrán gozar de vacaciones, licencias, entre otras. En la Provincia más de cinco empleados están bajo esta determinación.

El decreto Ley 3870 se intentó, a través de diferentes proyectos, derogarlo y establecer un nuevo estatuto para la administración pública, pero ninguna de las iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados pudo prosperar en los últimos años.

Seguridad

La Cámara de Diputados aprobó el jueves pasado un proyecto de minuta de comunicación, analizado por la Comisión de Seguridad, solicitando a la Función Ejecutiva, que a través de las autoridades del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad, y Derechos Humanos informe cuestiones referidas a actos delictivos y accidentes viales, ocurridos en la Provincia, desde el año 2009.

Por otra parte la diputada de Rosario Vera Peñaloza, Cristina Saúl solicitó al Ministerio de Salud Pública que envíe la información necesaria para determinar si las empresas privadas prestadoras de servicios médicos de emergencias y ambulancias, que funcionan en la Provincia, cumplen con los estándares fijados por el Ministerio de Salud de la Nación.