“El marcado crecimiento del tráfico comercial y consecuentemente de los conflictos de consumo, es un fenómeno que impacta en todo el territorio de la provincia. Ante tal contexto, el Estado debe continuar con su política de protección del consumidor, principalmente porque estamos inmersos en la actual y vertiginosa era de Consumo, en la que se verifica un colosal incremento de conflictos entre consumidores y proveedores de bienes y servicios”, rezan los fundamentos del proyecto de resolución presentado por el representante de la sección Oeste.

Jiménez recordó que la recientemente sancionada Ley N° 8365 -de Procedimiento para la Defensa de los Derechos y Garantías de los Consumidores y Usuarios- promueve en su art. 41 la descentralización de las funciones de la autoridad de aplicación en otras localidades alejadas de la Capital.