Con este duro diagnóstico comienza un trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y las ONG que conforman el cuerpo que debe controlar el saneamiento del río más contaminado de la Argentina. El reporte fue entregado la semana pasada a la Corte, al cumplirse siete años de la sentencia que obligó a los estados nacional, bonaerense y porteño a limpiar el Riachuelo, con el requerimiento de que sea el máximo tribunal el que intervenga para desempantanar el proceso.

El informe reconoce los avances institucionales y de obras que se han realizado en la cuenca; sin embargo, sostiene que es necesario reencauzar acciones, especialmente en la Acumar, a la que reclaman mayor presencia e institucionalidad. "En este momento se debería hacer un llamamiento para que todos los actores participen y se reestructure el funcionamiento del proceso con una mirada estratégica. Especialmente, en aquellos puntos en los que determinarán que el Riachuelo cambie para siempre. Pensar un horizonte, un escenario para la cuenca, que es una discusión pendiente", indicó Leandro García Silva, jefe del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo.

El experto se refiere a los objetivos que en el corto, mediano y largo plazo se deberían alcanzar en el saneamiento del Riachuelo, que sólo podrán darse por cumplidos si se tiene una idea sobre qué grado de limpieza y qué tipo de uso tendrá este río cuyo caudal sigue sin oxígeno.

Los tres puntos sobresalientes de la presentación tienen que ver con la política respecto de los vertidos industriales, la gestión de los residuos y el saneamiento de la población. Las críticas en este sentido destacan las falencias en los planes de reconversión industrial y en el control de los efluentes.

"Es curioso que la normativa que deben cumplir las empresas es la misma que existía antes del fallo. Lo que se mejoró es la cantidad de inspectores y de inspecciones. Pero lo que tiene que cambiar es el modo de gestionar la cuenca, que nos llevó a esta situación", agregó García Silva.

Entre las recomendaciones aquí se sugiere que no todas las empresas pueden tener el mismo estándar que cumplir. La dimensión de la compañía y el cúmulo de efluentes debería evaluarse individualmente teniendo en cuenta cuánta carga contaminante puede soportar el río.

"La Corte, entre otras cosas, ordenó en 2008, determinar la población de la cuenca que está en riesgo. A esos fines, el Cuerpo Colegiado requirió -con insistencia- la elaboración de un mapa de riesgo de la cuenca. Esta herramienta consiste en la ubicación geográfica de las amenazas ambientales y sus áreas de influencia, y de las condiciones de vulnerabilidad de la población, en primera instancia, y de los ecosistemas, en segunda. Hasta el momento no se ha publicado esta herramienta", indica el reporte.

La salud de la población está íntimamente relacionada con el acceso al agua potable, el saneamiento y la gestión de residuos. En este punto el informe señala que hay números que no quedan claros.

Mientras AySA informó que la cobertura de agua potable alcanza a casi toda la población de la cuenca, el censo 2010 apunta que es del 70%. Y la diferencia con el alcance del tendido cloacal es aún mayor.

Sobre la gestión de residuos, el reporte critica la falta de una política de seguimiento de los basurales a cielo abierto y, si bien destaca la instalación de ecopuntos a lo largo de la cuenca, recomienda una gestión integral. "Salvo el plan de Basura Cero de la ciudad, falta que se empiece a hacer una gestión integral desde el origen de los residuos, porque claramente se envía la misma cantidad de residuos a la Coordinadora Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse)", dice el escrito. Y se agrega: "No se cuenta con una línea de base que ilustre adecuadamente sobre la cantidad de personas que carecen de estos servicios públicos esenciales. Esta ausencia conlleva que la Acumar no pueda ejercer su rol rector en la materia ni examinar adecuadamente los planes de expansión de las empresas concesionarias".

Además, se reclama una política más efectiva a la hora de la relocalización de familias. Según el Cuerpo Colegiado, las jurisdicciones trabajan de forma independiente y al ritmo de sus urgencias. "Es indispensable que los gobiernos nacional, bonaerense y porteño doten a Acumar de la centralidad que requiere para asumir su rol rector, y de los recursos necesarios para dirigir, regular y controlar efectivamente que se implementen políticas de gestión ambiental", sostiene el informe.

LOS AGENTES CONTAMINANTES

Se identificaron 1647 agentes contaminantes en la cuenta del Riachuelo. Se "reconvirtieron" 503 industrias y se clausuraron 274 establecimientos que no cumplían con las normativas..