El titular de la comisión, Diego Monti, resolvió dejar el expediente en comisión durante 15 días a fin de analizar los planteos plasmados por Apaa.

Por la organización se presentaron Graciela Ríos y Miriam Lossino. Las proteccionistas explicaron que la creación de refugios sería un retroceso al tener en cuenta la labor de educación que se lleva adelante desde distintas entidades. Criticaron además que el proyecto prevé que para establecer estos centros de guarda se recurra a los privados, ya que no quedaba en claro en quién recaería luego la responsabilidad.

“La gente se termina yendo y los animales quedan a la deriva”, resaltaron. Asimismo, agregaron que era necesario saber de antemano si el Municipio iba a tener los recursos para generar este tipo de infraestructura en cuanto al personal y el espacio físico.

Si bien entendieron que el espíritu de la norma era alivianar a las agrupaciones que en la actualidad se ocupan de los animales abandonados, aseveraron que las mismas no están “tan desamparadas” con las ordenanzas vigentes, pero el problema es que “no se cumplen”.

En cuanto a los microchips en perros considerados peligrosos, desde APA bregaron porque la comercialización de la tecnología no se convierta en un monopolio.

Las proteccionistas insistieron en que la problemática en la ciudad se resuelve con educación al vecino, castración y sanciones. “Cuando a uno le tocan el bolsillo, sabemos lo que pasa”, sentenciaron.

Como rasgo positivo de la legislación en estudio, mencionaron los capítulos referidos a los paseadores de perros, la comercialización a través de criaderos, las cuestiones vinculadas al maltrato y a los perros peligrosos. No obstante, determinaron que se tratan “muy escuetamente” los parámetros relacionados con la educación y la castración. Al respecto, hicieron especial hincapié en la difusión ya que “hay gente que no sabe que hay castraciones masivas y gratuitas”, según señalaron.

Por su parte, el edil radical Maximiliano Abad resaltó que el tratamiento y análisis en la comisión que se aprobó el reglamento –Calidad de Vida- fue “rápido” y que era necesario discutir con profundidad el tema. “No hay que sacar ordenanzas por la ordenanza misma”, recalcó, mientras llamó a “avanzar consensuadamente” a partir de la convocación de los actores involucrados.

En tanto, desde el oficialismo Diego Monti propuso dejar el expediente en comisión durante 15 días para revisar los aspectos mencionados por Apaa. De todas formas, enfatizó en que es la primera vez que hay un reglamento de esta naturaleza en el Concejo Deliberante y que en el mismo, había “cosas muy bien planteadas”. En esta línea, extendió la invitación a las proteccionistas para las sucesivas reuniones de comisión donde se trate el expediente y pidió que haya propuestas concretas de modificación.

Desde Apaa ya presentaron una nota con su propuesta, la cual incluye normativa comparada con localidades como Almirante Brown y Rosario. Esto fue adjuntado al proyecto del Ejecutivo para ser evaluado en los próximos encuentros.