La propuesta sostiene que la "audiencia pública es un ámbito de discusión que amplía la participación de los ciudadanos para la protección de sus derechos, favoreciendo la transparencia en la toma de decisiones y la consolidación del derecho a la información que les asiste".

Asimismo, la organización que conduce Carlos Bonicatto señaló que en el marco de una investigación de oficio sobre la eficacia del servicio público del agua, le pidió informes a Absa, al ministerio de Infraestructura y al Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA), sobre el incremento de la tarifa previsto por la empresa.

La presentación judicial de la Defensoría sostiene que se considera "imprescindible obtener información acerca de los fundamentos del porcentual del aumento tarifario; de la aplicación uniforme frente a las particulares características territoriales; las diferentes situaciones socioeconómicas; y la contemplación de excepciones para colectivos vulnerables".

Suspensión

Tal como se viene informando, la Justicia ratificó la plena vigencia del amparo que habilita a usuarios a no pagar los aumentos ordenados por ABSA.

"Si la nueva facturación no llega antes de los vencimientos, los usuarios podrán pagar el servicio de acuerdo con la boleta anterior, y ese pago deberá ser admitido", dijo en declaraciones periodistas el juez en lo contencioso administrativo Luis Federico Arias, quien dictó el amparo a partir de presentaciones de la Defensora Ciudadana platense -María Monserrat Lapalma-, el diputado provincial Oscar Negrelli y la usuaria María Virginia Pérez: "En caso de no tomarles ese dinero, la empresa no deberá interrumpirles ni alterarles el servicio".

"Los usuarios tienen que contar con la tranquilidad de que el trámite de apelación, que seguramente la empresa Aguas Bonaerenses formalizará la semana próxima, no compromete la continuidad de la medida cautelar", señaló Arias, quien pidió a ABSA una "refacturación" para los vencimientos de junio.