Quienes presentaron la recusación de manera formal fueron Alfredo y Eduardo Riera, a quienes ya les llegó la orden para ser desalojados de las tierras que ocupan en la localidad de Dragones, en Embarcación, departamento San Martín. La recusación se realiza "sin expresión de causa", a la vez que "promueve demanda por prescripción adquisitiva" y "solicita suspensión" del desalojo ordenado.

Sin embargo, en una carta de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño (APPCHS), se manifestó preocupación en razón de que De Feudis tenga a su cargo "más de 25 juicios de desalojos, iniciados por los supuestos titulares registrales en contra de familias campesinas de nuestra zona". Indicaron que también "llama poderosamente la atención que en el último año", la jueza "haya emitido fallos en el 34% de la totalidad de estos juicios y en todos estos fallos... fueron en contra de las familias campesinas poseedoras de sus tierras". Agregaron que en algunos casos (como el de Riera), no se valoró "fallos judiciales del fuero penal iniciado contra los poseedores", en donde los magistrados negaron que los campesinos sean usurpadores, como se había denunciado en principio.

"Esta situación nos hace dudar de la imparcialidad de la Justicia en nuestra provincia, es por eso que en algunos juicios en contra de familias campesinas de nuestra organización y ante la situación de duda de la imparcialidad de la justicia salteña, hemos recusado a esta jueza", sostuvieron en la carta.

Añadieron que ello ya fue expuesto al juez de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, al que indicaron que los fallos se sustentan más en cuestiones técnicas, sin tener en cuenta la situación social por la que atraviesan.