Carlos Toloza, titular del sector afirmó que en el caso “González c/Polimar SA y otros” la Corte Nacional declaró inconstitucionales los decretos 1.273 y 2.641 del entonces presidente Duhalde. Pero es de suma importancia tener en cuenta la declaración específica de la Corte dirigida hacia las patronales, a los fines de se avengan a cumplir dicho fallo, y evitar el que los trabajadores tengan que iniciar juicios individuales en cada caso, bajo el apercibimiento de aplicarles multas dinerarias. Es por eso que nos hemos dirigido al gobernador Insfran solicitando la derogación de tales decretos y la transformación del pago de tales sumas en remunerativas y bonificables, le solicitamos que se avenga a la recomendación de la Corte y se ajuste a derecho, lo que redundará en beneficio de todos los trabajadores, tanto activos como jubilados”, explicó.

“El desoír la sentencia y la recomendación de la Corte es una “chicana” administrativa para negar justicia al trabajador y estirar los plazos de cumplimiento de la sentencia, de ahí que la Corte amenaza con las multas citadas, toda vez que en estado de derecho “la viveza criolla” de pagar sumas no remunerativas ni bonificables es una burda y triste artimaña para eludir responsabilidades de gobierno y para perjudicar al trabajador, tanto activo como jubilado y la Corte pretende que esa “viveza criolla” se termine y no que se perpetúe obligando al trabajador a iniciar interminables juicios, como es de conocimiento público que sucede con tales demandas”, advirtió el sindicalista.

Toloza, manifestó que ante la sentencia de la Corte, se hace más necesaria que nunca la convocatoria a Paritaria Provincial Docente, para discutir y consensuar la implementación en la provincia de la sentencia nacional.