El documento solicita que se “ordene a la Provincia de Formosa mantener libre el cauce del canal Frías, del proyecto Pantalón”
El río corre de Salta a Formosa, pero todos los años los peces suben río arriba, hasta Bolivia. La iniciativa, firmada hace 15 años, buscaba dividir el río en dos partes iguales, como en una “Y” gigante. De esta forma, un canal llevaría aguas para el Paraguay y el otro para la Argentina, por el cauce natural del Pilcomayo, que pasa por Formosa. Pero en este pantalón entra una sola pierna y se va para el país guaraní.
Como el Gobierno argentino nunca hizo las obras que le correspondían, hoy el 100% del río se va para el Paraguay.
Los pescados que, año a año, van desde los esteros de Formosa hasta Bolivia, no llegaron a Salta. Se quedaron estancados y sin salida en madrejones que se fueron haciendo charcos, hasta secarse por completo. Desde los esteros formoseños hasta el desvío del pantalón no hay río.
Por eso miles de aborígenes de Salta, Formosa y Bolivia vieron desaparecer su principal fuente de ingreso.
La actuación, que tiene el número 1882/11, solicita que “se ordene a la Provincia de Formosa mantener libre el cauce del canal Frías, del Proyecto Pantalón, de los restos sedimentarios del río Pilcomayo, garantizando a su vez su cauce natural central”.
El pedido presentado al Defensor del Pueblo exige que “se investigue el desastre ambiental del río Pilcomayo” y que “se adopten las medidas urgentes para su remedio”. Remarca además que “a partir del presente invierno se desvía la totalidad del curso del río Pilcomayo al canal paraguayo lo que produce la mortandad masiva de peces en la zona señalada, privando así a estos habitantes del sustento básico de su economía”.
El documento no oculta responsabilidades. “Muchas son las autoridades que expresan públicamente su preocupación y que tienen competencia y facultades para aportar las soluciones; pero que en la práctica sólo declaman y nada han solucionado”.
Además de incluir en esa lista a las autoridades provinciales de Formosa y Salta, la medida también responsabiliza al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La presidenta de la asociación, Mariana Contardi que presentó las medidas, le dijo a El Tribuno que la mención se debe a que “no se entiende porque el INAI no pidió un amparo para defender a los aborígenes que se vieron afectados por el proyecto Pantalón, porque se supone que el INAI está para eso”.
Por último, el escrito pide que se entreguen documentos de identidad a los pobladores de esa zona. En la comunidad de La Puntana viven más de 400 personas sin DNI.
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