Con los pedidos de absolución de los policías que actuaron en las comisarías de Cipoletti a partir del 24 de marzo de 1976, concluyeron ayer con sus alegatos los defensores oficiales Eduardo Peralta, Gabriela Labat y Alejandra Vidales en el juicio por delitos de lesa humanidad ocurridos en la región durante la última dictadura militar.

Labat y Vidales, que asisten a los imputados Antonio Camarelli, Miguel Ángel Quiñones, Saturnino Martínez, Gerónimo Huircaín, Julio Villalobo y Desiderio Penchulef, entre otros, afirmaron que la prueba de cargo construida por el Ministerio Fiscal y los representantes de las querellas no tiene la suficiente entidad para sostener alguna condena. Consideraron que sus defendidos deben ser exculpados de toda conducta penal.

En el inicio del alegato, Labat completó la defensa iniciada el jueves de Antonio Camarelli, jefe de la Comisaría 24 de Cipolletti.

Señaló que a lo largo de las audiencias de debate los testimonios aportados por los testigos y víctimas son incompletos y no alcanzan para incriminar a sus defendidos de las responsabilidades penales que se les reprocha.

Enfatizó de manera concreta que las declaraciones aportadas por las víctimas no son concluyentes. Por el contrario, se observan marcadas contradicciones en los testimonios, por lo que surge con claridad fechas de detención imprecisas, procedimientos de detención poco claros, que refleja una clara “falta de concordancia en los operativos”.

"Existen evidentes contradicciones entre los testigos que hacen que los hechos imputados por la fiscalía y las querellas resulten insostenibles", aseguró la defensora.

Expresó que la evidencia obtenida demuestra con solvencia que los acusadores no probaron que oficiales y suboficiales de la Policía de Río Negro, que tenían asiento laboral en la Comisaría 24 de Cipolletti, resultaran autores de los delitos calificados como privación ilegítima de la libertad, tomentos, amenazas y coacción.

Por su parte, Vidales desestimó cada una de las acusaciones que pesan contra sus defendidos. Sobre Quiñones afirmó que no fue reconocido en una de las audiencias por una de las víctimas, “pese a haber declarado que tuvo una activa participación en el allanamiento de su vivienda".

También aseveró que los presuntos delitos cometidos contra Ricardo Novero, Pedro Justo Rodríguez y Raúl Soto no fueron demostrados por lo que corresponde la absolución lisa y llana de sus asistidos.

Vidales apuntó también a las expresiones de las querellas del Ceprodh y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sobre "el famoso pacto de silencio" por parte de los imputados. Y se preguntó "¿qué tipo de explicaciones pretende escuchar el Estado?". Agregó que "fue el propio Estado que dilató la suerte de las víctimas y de los imputados en la historia de nuestro país".

Por último, citó al jurista italiano Franceso Carnelutti, quien afirmó que "el juez está en medio de un minúsculo cerco de luces, fuera del cual todo es tinieblas; detrás de él, el enigma del pasado y delante, el enigma del futuro. Ese minúsculo cerco es la prueba”.