La Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, presentó ayer una denuncia para que se investigue si funcionarios argentinos cobraron sobornos en 2006 a una empresa constructora de barcos rápidos de patrullaje marítimo, tal como había afirmado un diario alemán.

La operación sospechada se concretó en 2007. Intervinieron funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Marina.

El jefe de la OA, Julio Vitobello, informó a LA NACION que el organismo a su cargo denunció "la presunta comisión del delito de cohecho por parte de la empresa naviera Ferrostaal AG a funcionarios de la Armada argentina y del Ministerio de Defensa" y que pidió medidas para avanzar en la investigación. Entre ellas, informes a la justicia alemana, a la Inspección General de Justicia y a bancos con los que habría operado la empresa sospechada.

La OA informó que su denuncia fue el resultado de una investigación abierta el 7 de abril pasado, a pedido del propio Ministerio de Defensa, que siempre negó, no obstante, los supuestos sobornos.

Según la OA, el Gobierno firmó un convenio en 2007 con el astillero estatal chileno Asmar para construir al menos cinco patrulleros oceánicos. Como Asmar le había comprado tecnología a la firma Fassmer, cada vez que la Argentina construyera una de las lanchas debía pagarle a esa empresa 500.000 euros. Ferrostaal habría actuado como intermediaria.

"No sabemos si hubo sobornos. Lo que está probado es que el contrato se firmó. Hay que ver si fue por una coima previa o no", dijo a LA NACION un funcionario de la OA. Por sorteo, la denuncia le tocó a Ariel Lijo, un juez con experiencia en presuntos sobornos transnacionales argentino-alemanes. Es el juez de la causa Siemens.