La polémica por las irregularidades detectadas en la entrega de las tarjetas Pro Familia repoercutió en la Legislatura, luego del que el ministro de Desarrollo Social, Oscar Pfeiffer, manifestara que del entrecruzamiento de datos con el ANSES se detectaron beneficiarios con ingresos económicos superiores a los $20 mil.
Según trascendió, desde la bancada del FCS no descartan la posibilidad de que el ministro haya incurrido en un "error de interpretación".
En este sentido, la diputada Silvina Acevedo se adelantó a sus pares y exigió a Pfeiffer la lista completa de los beneficiarios que recibieron la tarjetas del Pro-familia de forma irregular.
"Es necesario que el ministro remita un informe veraz y detallado sobre las supuestas irregularidades donde al parecer estarían involucrados ex funcionarios y empresarios de la anterior gestión", afirmó la legisladora en diálogo con El Ancasti.
Acevedo consideró que este tipo de acusaciones denunciadas deben estar debidamente acreditadas con pruebas que ameriten la existencia real de la irregularidades.
“Pfeiffer quiere ocupar grandes titulares, no puede salir a crear un manto de duda culpando al FCS de estas graves irregularidades sin presentar las pruebas”, disparó.
La diputada dijo que, de comprobarse las acusaciones, se estaría cometiendo un gravísimo hecho de corrupción que deberá ser investigado con total "transparencia", hasta lograr identificar a los responsables.
Acevedo insistió en que si Pfeiffer tiene las pruebas donde se involucra a funcionarios o ex funcionarios, las remita a ambas cámaras Legislativas para su tratamiento.
La legisladora solicitó la entrega de los documentos, procedimientos de cruce de información y demás datos (con copia certificada por Desarrollo Social) utilizados como fuentes para la confección del listado donde se denunció que más de 2.900 beneficiarios estarían inhabilitados para acceder al programa social.
También exigió que se dé a conocer cuáles son los criterios de selección que utiliza el Ministerio de Desarrollo Social para otorgar el beneficio, argumentado que entre las funciones que le corresponden a los legisladores está la de conocer acabadamente los métodos empleados para tal fin.
Finalmente, Acevedo dijo que “desde que asumieron (el FV) han generado expectativa en la gente de que esta gestión cuenta con el apoyo del Gobierno nacional desde todo punto de vista y hasta ahora no vemos un acompañamiento. Los catamarqueños seguimos recibiendo los mismo fondos nacionales”, concluyó.
Según Pfeiffer, más de 2.900 beneficiarios recibían tarjetas irregulares del Pro-Familia, por montos acreditados que van desde los 120 hasta los 180 pesos mensuales.
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