La Unión Tranviarios Automotor (UTA) exige un corte al “total descontrol” en el servicio de transporte urbano e interurbano de pasajero en los departamentos San Martín y Orán y el cumplimiento de las leyes que protegen a más de 400 personas que dependen de ese trabajo. Como el servicio tiene 400.000 usuarios, el gremio pide el llamado a licitación para regularizar la situación del transporte en el norte provincial.

El secretario general de la entidad, Oscar Cruz, dijo que son “10 años de descontrol, de plena ilegalidad. Los obreros son presionados por las empresas para hacer cualquier cosa, desde firmar notas en contra del gremio hasta pelearse entre ellos para quitarse los pasajeros”.

Cruz respondió a la nota de repudio firmada por un grupo de trabajadores de las empresas TAEB, Urkupiña, San Antonio, entre otras, en la que expresan su rechazo a las manifestaciones del gremialista y “nos preguntamos cuáles son las verdaderas intenciones al manifestar malas condiciones de trabajo e incumplimiento salarial. Difícilmente pueda conocer la situación del transporte en el norte de Salta, por cuanto jamás desplegó actividad en esta zona y no gozamos de ningún beneficio”.

A la nota la firman Roberto Soto, Luis Estrada, Daniel Fernández y Juan Cabello, entre otros choferes.

¿Cuál es la situación?

De total precariedad, con casi 400 trabajadores en negro que no tienen aportes ni obra social, con empresas que recibieron sólo en septiembre $600.000 en concepto de subsidios de Secretaría de Transporte de la Nación para que accedan a un combustible de $0,95. Hay empresas que venden el combustible a $4.

¿Cuál es el mecanismo para que reciban estos subsidios?

La Secretaría de Transporte envía los fondos en efectivo y les llegan por intermedio del Programa de Transporte de Salta. Los empresarios reciben el dinero y lo usan en cualquier cosa, menos en las leyes laborales.

¿Por qué el transporte funciona de manera tan irregular en el norte?

Porque no hubo una actualización en el servicio; esto, porque en agosto de 2008 venció la última prórroga y a partir de allí debían llamar a licitación. Como esto no se concretó, la situación fue empeorando.

¿Cuáles son las irregularidades laborales detectadas?

Son muchas, y pongo y un ejemplo: los trabajadores firman un recibo cualquiera y si el importe es de $3.000, es porque les están dando no más de $1.500. Les pagan por porcentaje de pasajeros; la última novedad es que les pagan “por vuelta”. Los choferes se disputan los pasajeros, se chocan en la ruta, se golpean entre ellos por peleas, no respetan los recorridos ni los horarios. Los muchachos me mandan mensajes y mails y me cuentan que por 14 horas de trabajo continuo les dan $50. Varias empresas alquilan unidades en desuso que están en estado calamitoso porque no tiene propias. Un desastre con todas las letras.

El Tribuno recibió una nota en la que lo repudian.

Los trabajadores no pueden tener beneficios, sencillamente, porque todos, sin excepción, están en negro; hace dos años le hemos pedido que las empresas bancaricen a sus empleados, pero se niegan porque saben que así no pueden evadir más sus obligaciones como empleadores. La nota que están haciendo correr está firmada por los empleados; si se niegan los echan, los dejan sin trabajo.

Es evidente que a nadie le interesa el bienestar de los trabajadores ni el buen servicio. A mí no me interesa a qué empresa se le adjudique, en tanto cumpla con sus obligaciones como patronal.