El letrado obtuvo el fin de semana una cautelar a su favor en el ámbito Contencioso Administrativo, mediante un fallo firmado por el magistrado Rodolfo Novillo, quien ordenó la suspensión del trámite de cobertura de la vacante en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la IV Nominación de la Capital.

Desde el Frente Amplio Progresista (FAP) advirtieron que "los amigos que José Alperovich puso en la Corte Suprema no pueden intervenir" en el caso del abogado Carlos López. El letrado obtuvo el fin de semana una cautelar a su favor en el ámbito Contencioso Administrativo, mediante un fallo firmado por el magistrado Rodolfo Novillo, quien ordenó la suspensión del trámite de cobertura de la vacante en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la IV Nominación de la Capital.

Ahora, la causa pasó a manos de la Corte, debido a que su titular, Antonio Estofán, solicitó que se de intervención al Tribunal, por la vía del per saltum. López recurrió a la Justicia argumentando que fue discriminado al no haber sido tenido en cuenta en seis oportunidades por el Poder Ejecutivo a la hora de cubrir vacantes judiciales, pese a contar con mejor puntaje que los candidatos elegidos por el Gobernador.

Mediante un comunicado, los dirigentes del FAP Rodolfo Burgos (MP3), Oscar Gramajo (Partido Socialista) y Federico Masso (Libres del Sur), opinaron que "es obvio que si el funcionario judicial ha denunciado la existencia de una evidente discriminación en su contra, no pueden intervenir Antonio Estofán, que declaró públicamente ser amigo íntimo del autor de la discriminación (por Alperovich), ni Daniel Posse, hermano del Fiscal de Estado (Jorge Posse). Además, ambos fueron fun cionarios del gobierno de Alperovich", acotaron.

Los dirigentes opositores aseveraron que "es evidente que la Corte Suprema quiera apelar a la figura del per saltum, que adquirió notoriedad durante el menemismo en la privatización de Aerolíneas Argentinas y que se utilizó en Tucumán para convalidar la re-reelección, para realizar un nuevo atentado contra las instituciones republicanas".

Según los referentes del FAP, "la idoneidad de Carlos López ha quedado demostrada en numerosos concursos y la sentencia del juez Novillo recepta con erudición lo que en doctrina y jurisprudencia ya no se discute: En una república los actos deben motivarse, pues los ciudadanos no pueden quedar al arbitrio de los caprichos del mandamás. Para eso se instituyó un sistema de concursos", explicaron.

Finalmente, desde el FAP alertaron "a la ciudadanía porque se está gestando una maniobra tendiente a terminar con los últimos vestigios de independencia del Poder Judicial. Si pretenden consumar ese despojo, llamaremos a la movilización popular y la resistencia civil de todas las organizaciones intermedias, políticas y sociales. El Poder Judicial es la última valla frente la corrupción y el autoritarismo", completaron.