La cifra es aún menor en algunos casos puntales. En barrios de viviendas recientemente entregados el conjunto de adjudicatarios que paga sólo es del "diez por ciento".

Según los datos que pudo recoger este medio, en General Pico hay unas seis mil viviendas construidas con fines sociales. El emplazamiento de los barrios se hizo bajo diferentes programas con fondos nacionales, provinciales o a través de financiación bancaria, con cuotas subsidiadas. El nivel de morosidad sorprende aún más cuando se conoce el monto de las cuotas.

Los montos.

En los barrios Indio Ranqueles la cantidad de dinero por mes que deben pagar los beneficiarios va de los 25 pesos a los 70 pesos. En el Don Bosco las cuotas varían entre los 50 a 60 pesos, mientras que el barrio Malvinas Argentinas o en el Roca, la cifra mensual que debe abonarse es de unos treinta pesos. En muchos casos, el nivel de atraso en los pagos acumula varios años. "Muchas familias pagan las primeras tres cuotas y después nunca más", graficó la fuente para poner de relieve la gravedad de situación.

Las asignaciones más costosas alcanzan los 98 pesos, de acuerdo con el techo establecido por el gobierno en la gestión anterior. La medida apuntaba a conseguir que cada adjudicatario asuma la obligación de pagar. En un relevamiento se estableció que muchos beneficiarios dejaron de cumplir con el compromiso, pero remodelaron sus viviendas, ampliaron ambientes y hasta poseen más de un vehículo. Sin embargo tampoco pagan sus cuotas, como si el inmueble fuera directamente una dádiva.

Bajo índice.

Durante la última entrega de viviendas realizada en Parera, el vicegobernador Luis Campo, reprendió a los nuevos beneficiarios y reclamó que se cumplan los compromisos. Comparó el monto de las cuotas con lo que puede gastar una persona en cigarrillos o con las llamadas telefónicas que se realizan a través de los celulares a lo largo de un mes. Hace unas semanas el propio titular del IPAV, Julio Rojo, había revelado la preocupación del gobierno provincial por el bajo recupero de inversión en la construcción de viviendas. Rojo dijo que es esa oportunidad que el índice de cobro era de "un 55 por ciento en toda la provincia".

El incumplimiento no parece tener castigo. A pesar de la admisión por parte de los funcionarios del problema por cuestiones ligadas al costo político nadie parece querer adoptar medidas. En cada ceremonia de entrega de nuevos conjuntos habitacionales un beneficiario, al igual que las autoridades, hace hincapié en sus discursos a la necesidad de cumplir con los pagos. El mensaje parece no tener la respuesta que requiere el Estado.