En medio de las acusaciones cruzadas por el “shopping parlamentario”, el oficialismo redobló la apuesta: reconoció que hay votos que se negocian con gobernadores a cambio de beneficios provinciales y se presentó ante la Justicia para que investigue las denuncias del arco opositor.
En el Frente para la Victoria provocaron fuerte malestar las últimas declaraciones de la bancada radical. “El kirchnerismo pretende que todos patinemos en el mismo lodo”, dice el texto del grupo de senadores comandados por Gerardo Morales. Allí, consideran que el “peregrinaje” de los mandatarios a Olivos y el consecuente encolumnamiento de sus legisladores “lejos de una saludable práctica política, más bien parece un delito que el Código Penal califica como coacción”.
“Buscan estigmatizar a los senadores que a veces votan con nosotros. Quieren mellar la performance que estamos teniendo en el Senado”, dijeron a PERFIL desde el oficialismo. En los hechos, la Cámara alta funciona como un “tapón” de los proyectos que obtienen media sanción en Diputados, donde la oposición tiene más peso numérico. Así, el Gobierno logra neutralizar el avance de las medidas sensibles. Puertas adentro, en el kirchnerismo subrayan que los “primeros traidores” son los que llegaron a sus bancas de la mano de la boleta de Cristina Fernández y después se alejaron. En esa condición, hay diez senadores y 16 diputados. “Algunos no tardaron ni dos meses en diferenciarse”, se quejó ante este diario un importante senador.
Con un escenario de virtual empate, el kirchnerismo jugó a fondo en las últimas contiendas en el recinto. Para aprobar la ley de matrimonio gay, el propio Néstor Kirchner hizo gestiones y la Presidenta cargó en el avión presidencial a dos senadoras díscolas rumbo a China. Sin embargo, desde el oficialismo insisten en que no ejercen presiones. “Esto no conlleva ningún método espurio sino que forma parte de la acción política derivada de acuerdos institucionales entre nuestro Gobierno y el de algunas provincias, es parte de la gestión de gobierno y no tiene nada de coactivo, ni de dádiva, ni de presión”, explicó Pichetto.
En su contrataque, ayer el bloque K presentó un escrito en Comodoro Py para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción tendientes a modificar el voto de legisladores, según denunciaron los diputados Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Felipe Solá (PJ Federal), y el ex radical K Emilio Rached. Este último crispó el ánimo del Gobierno cuando dijo que la noche de la votación de la 125 recibió un sugestivo SMS que invitaba, generoso: “Pedí lo que quieras”. “El santiagueño quiere fama porque se viene la campaña”, desestimó un kirchnerista. La denuncia recayó en el juzgado federal 12, a cargo de Sergio Torres.







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