Piccinini decidió promover la acción remitiéndose al artículo 150 de la Constitución Provincial, al considerar la posible "falta de cumplimiento de los deberes a cargo" de los magistrados debido a que no avalaron el recurso que ella impulsó para que se ordenara al ministro César Barbeito a que opte entre su candidatura a gobernador y el ejercicio de su rol al frente de la cartera educativa, en consonancia con el artículo 188 de la Constitución que prohíbe a los ministros ser candidatos.

"Transcurridos más de cien días desde que César Barbeito se impuso en la compulsa interna partidaria como candidato a gobernador por el partido UCR, sigue usufructuando la investidura de ministro y utilizando los recursos materiales y humanos del Ministerio de Educación para su campaña política, sin haber renunciado como se lo impone la Constitución", recordó ayer Piccinini a la Sala Acusadora.

De la misma forma se presentó semanas atrás ante el Tribunal Electoral y ante el STJ donde le fue denegada su petición. También concretó un pedido de juicio político al propio ministro por el mismo motivo, que está siendo analizado en la Comisión Sala Acusadora.

Renuncia o juicio político

La presentación de Piccinini plantea, en principio, un impedimento a que se trate el pedido de renuncia de Lutz el próximo 5 de julio.

Desde el punto del procedimiento administrativo, debería considerarse primero la admisión o rechazo del pedido de juicio político a los tres jueces del STJ presentado por la defensora del Pueblo, para -luego, y en caso de que aquel fuera rechazado- avanzar hacia la aceptación de la renuncia.

El orden es el único posible puesto que, si se aceptara primero la renuncia, se plantearía una situación de desigualdad de Lutz respecto de sus actuales pares en el STJ, quienes sí tendrán que seguir sometidos a la amenaza de un enjuiciamiento por una decisión adoptada por el cuerpo en su conjunto.