Las medidas de fuerza fueron intensificadas con más piquetes. La situación preocupa a los obreros de los dos gremios petroleros, que ayer celebraron asambleas y decidieron concentrarse hoy a la espera de que la Policía despeje las rutas. El Fiscal de Estado de Chubut realizó la presentación anunciada ante el Juzgado federal para que se investigue cómo se financian los “piqueteros”.
En este contexto, ni petroleros privados ni petroleros jerárquicos han considerado viable acceder al yacimiento porque quieren evitar provocaciones a los “dragones”. Tampoco están subiendo al campo los trabajadores de El Tordillo, yacimiento operado por Tecpetrol, y Pampa Castillo, de ENAP Sipetrol.
No obstante, y concientes de las pérdidas que implicará para sus bolsillos este parate que hoy cumple 13 días, ayer hubo asambleas en los dos gremios: Petroleros Privados y Jerárquicos. Se decidió concentrarse hoy a las 7 en la estación de servicio de Eureka, a la espera de novedades, que podrían consistir en que se den las condiciones para que ellos puedan volver a los yacimientos. Según trascendió, aunque un alto dirigente sindical mocionó directamente marchar todos juntos a sus labores, se impuso una moción más moderada: esperar que la Policía despeje las rutas y entonces sí cumplir con su obligación laboral.
“Es cierto que nosotros podemos pasar si queremos, pero después nos vamos a cruzar en los yacimientos y puede haber alguien herido”, dijo uno de los presentes en las asambleas de ayer. Con ello quedó claro que deberá ser el Estado quien garantice las condiciones para unos y otros.
En este contexto, además de los 8.000 trabajadores de Cerro Dragón hay que sumarle otros 1.000 de Tecpetrol y 750 de ENAP Sipetrol.
Los “Dragones” piden una equiparación salarial con sus compañeros petroleros. Como no están reconocidos como sindicato, usan el Convenio Colectivo de Trabajo de UOCRA para los yacimientos, gremio con el que mantienen una disputa desde 2005, justamente por las condiciones laborales de los obreros de la construcción en el campo.
Desde la facción sindical que lideran Raúl Murga y Guido Dickason no están satisfechos con los acuerdos salariales de la UOCRA: mientras que el gremio tradicional de la construcción logró un 12% de aumento para los obreros de los yacimientos, el Sindicato de Petroleros Privados alcanzó un 23%.
Entre otros puntos, también solicitan la reincorporación de 14 obreros despedidos. En Tecnotrol trabajaban 12 de ellos, empresa que sufrió la destrucción de sus oficinas y camionetas el día de la toma de la planta de Pan American. Ese mismo día, el objetivo fue destrozar y desactivar las instalaciones eléctricas del yacimiento.
EL ESTADO, QUERELLANTE
En tanto, y de acuerdo a las instrucciones del gobernador Martín Buzzi, el fiscal de Estado, Blas Meza Evans, se constituyó ayer como parte querellante en la causa por los desmanes generados en Cerro Dragón hace 13 días.
Meza Evans, acompañado por el secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Miguel Montoya, se presentó ante la Justicia federal para constituirse como parte querellante en el expediente en el que se investigan los actos vandálicos protagonizados por sindicalistas en el yacimiento petrolero Cerro Dragón.
El fiscal de Estado tomó vista de las actuaciones a efectos de analizar las medidas que se propondrán en dicha causa.
La presentación fue hecha en dependencias del Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, donde el funcionario provincial se entrevistó con la jueza Eva Parcio, la misma que hace una semana fuera cuestionada por la propia Presidente de la Nación y que un día más tarde se declarara “incompetente” para entender en la causa.
Una vez concluido el encuentro de ayer con Parcio, Meza Evans pudo tomar vista del expediente judicial vinculado a la ocupación del yacimiento de Cerro Dragón y manifestó que “se encuentra probado mediante las pericias realizadas y los informes acumulados la existencia de los cuantiosos daños provocados en las instalaciones de PAE”.
Al mismo tiempo, el Fiscal de Estado relató que “también se encuentra registrada la cantidad de trabajadores que se encontraban en el yacimiento”.
Al constituirse en querellante, Meza Evans propondrá a la jueza una serie de medidas vinculadas a la investigación de quienes instigaron, financiaron y aportaron apoyo logístico a la ocupación que provocó los cuantiosos daños en PAE.
“No dejaremos de hacer todos los esfuerzos para que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables de los hechos vandálicos que han provocado perjuicios importantes al presupuesto provincial. También iremos por los autores intelectuales para que estos hechos no vuelvan a repetirse”, concluyó.
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