La medida de fuerza que lleva adelante el Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz en el norte por la provincia, estaba marcada en la noche de este miércoles por la incertidumbre. Los principales dirigentes gremiales mantenían intensas reuniones para decidir el futuro de la protesta que comenzó el pasado sábado. La asociación sindical que encabeza el conocido referente petrolero Héctor "Chaco" Segovia, denunció que más del 70% del personal de las operadoras petroleras y sus contratistas que operan en la provincia provienen de Chubut, y por ende están afiliados al gremio de su par chubutense Mario Mansilla, que criticó fuertemente la postura y posición de Segovia.

El gremio santacruceño acusa a las empresas de ser "responsables" de traer trabajadores de otras provincias en "detrimento de los propios santacruceños que hoy no tienen trabajo o siguen suspendidos".

Por su parte y al otro lado del límite provincial, Mansilla calificó de "estúpida" la postura del gremio de Segovia, y responsabilizó a su par santacruceño de intentar generar una disputa innecesaria entre provincias vecinas. "Es estúpido y trasnochado pedir el despido de los trabajadores de Chubut para tapar su propia impotencia gremial", acusó.

El proyecto de ley para la contratación de trabajadores locales

El oficialismo podría sancionar en mayo la norma que obligaría a las empresas petroleras, mineras y pesqueras que su personal tenga residencia en la provincia. Hasta un 80% llegaría la imposición. Hay otras tres normas que en sus artículos tienen el mismo fin.

El debate en la Cámara de Diputados por imponer un porcentaje de contratación de mano de obra local a las empresas en Santa Cruz, deberá esperar unas semanas más. El polémico proyecto para crear un "Registro único de trabajadores de la actividad petrolera, minera y pesquera", busca "obligar" a las empresas que realizan exploraciones y explotaciones en las actividades antes mencionadas a ocupar a trabajadores que residan en el ámbito de la provincia. El proyecto tomó estado parlamentario hace unas semanas atrás, antes que estallara un conflicto que encabeza el Sindicato de Petroleros Privados en la zona norte de la provincia con una huelga que ya lleva más de cinco días, con la "paralización parcial" de la actividad en los yacimientos santacruceños. El gremio reclama que las operadoras y las empresas del sector hagan cumplir la "histórica" demanda de ocupar a obreros locales para las actividades que llevan a cabo.

El proyecto que busca dar prioridad a los trabajadores residentes en la provincia, es autoría del diputado caletense Rubén Contreras (PJ). La iniciativa en su origen busca establecer que las empresas contraten un 70% de obreros locales. Pero ya el bloque oficialista adelantó que tendrá modificaciones y no se descarta elevar el porcentaje y llevarlo hasta un 80%. Desde el Poder Ejecutivo se apoya la iniciativa, pero asiste a los diputados para que su texto no confronte con la Constitución Nacional y sea calificado por sus detractores como inconstitucional.

El autor de la norma dijo: "se debe exigir a las operadoras y a sus contratistas la contratación de mano de obra de la provincia. Debemos dejar por escrito esta demanda de los trabajadores de Santa Cruz". Contreras defendió su iniciativa al asegurar que a los que la califican de inconstitucional, discriminatoria y oportunista, deberían recorrer los yacimientos para comprobar que la mano de obra local no es la prioridad de las petroleras. "Pueden decir lo que quieran. Vengo del sector petrolero y sé muy bien cuál es la realidad de nuestra gente", sostuvo el legislador que a su vez planteó que las empresas además deberán fijar sus bases en la provincia, tributar y promover cursos de capacitación para los trabajadores.

En Santa Cruz ya existen normas similares al proyecto de Contreras, una de ellas es la Ley 2193 de reordenamiento de las obras públicas y que en su artículo 16º establece: "En todos los casos se exigirá de los contratistas la provisión de por lo menos un setenta por ciento (70%) de mano de obra residente en Santa Cruz: mientras exista mano de obra desocupada, se verificará la inclusión de esta cláusula en los pliegos licitatorios, estableciendo las penalidades correspondientes. (La omisión o incumplimiento acarreará la rescisión del contrato por culpa del contratista)", indica la norma que muchas veces el gremio de la construcción UOCRA manifiesta para que se cumpla.

En el sector pesquero también hay normativas que obligan a las empresas del sector a tener un porcentaje mayor de marineros de origen local. Esto ha llevado a los empresarios a presentarse en la Justicia por considerar arbitraria la medida.

El marco regulatorio para las futuras concesiones petroleras establece también que las compañías que renueven sus contratos con el Estado Provincial a partir de 2016, deberán tener en su plantel de trabajo un 70% de obreros santacruceños. Esta norma se topará con la de Contetras que, si se aprueba, fijaría un 10% más en la obligación de contratación de personal local.