“Lamentablemente, las empresas de la región no tienen el mismo derecho a la seguridad jurídica que las concesionarias que explotan los yacimientos del Chubut y disponen libremente del crudo que en ellos subyace”, señalan los fundamentos de la iniciativa que reingresó en la última sesión ordinaria del parlamento provincial.

“Las concesionarias son empresas multinacionales que imponen las

condiciones, y a las contratistas (mayoritariamente empresas locales), solo les queda aceptar esas condiciones o resignarse a no tener trabajo. Son verdaderos regímenes de adhesión a lo que diga la parte fuerte del contrato”, se destaca en la presentación.

Mientras PAE (Pan American Energy) “ha obtenido del gobierno

una concesión a 40 años, las empresas de capitales regionales que contrata para atender su yacimiento tienen contratos por un mes, en muchos casos ni siquiera escritos, sino formalizados en simples órdenes de compra”, se ejemplifica en la elevación del proyecto.

El mismo bloque de la UCR presentó en la restante sesión de la

semana anterior otro proyecto referido en este caso a regulación de la concesión de recursos naturales, procurando una recuperación del rol estatal de control, a la luz de lo sucedido recientemente con el movimiento accionario de Pan American Energy.

Al respecto propuso que “en el caso de concesiones de

explotaciones de recursos naturales, únicamente se autorizará el traspaso de la concesión, mediante ley, previa fehaciente acreditación de la conveniencia para el interés público”, añadiendo que “la Sociedad concesionaria no podrá transferir su paquete accionario total o parcialmente, salvo autorización expresa otorgada mediante ley”.

“No hay una sola razón que válidamente –continúa- justifique

semejante desigualdad frente a la ley, como tampoco encuentra fundamento que desde los poderes públicos se tolere y consienta esta disparidad de trato. Máxime cuando, como se sostuvo más arriba, quienes dan empleo a miles de personas son las empresas de servicios y no las operadoras”, señala ahora el bloque radical con su insistencia acerca de regular la relación entre concesionarias y prestadores de servicios.

El proyecto radical avanza en esta postura y apunta a que se

establezcan plazos mínimos de contratación, la exigencia de contratos formalizados por escrito, la prohibición de rescindir los contratos sin causa, la solidaridad laboral de las operadoras en los juicios que entablen los empleados de las contratistas, la constitución de un fondo de garantía con aportes a efectuar por las operadoras para atender a las demandas judiciales, la prioridad para la contratación de empresas nacionales de capitales locales y regionales hasta llegar al 80% en un plazo de cinco años

y la exención del impuesto de sellos en beneficio de las contratistas y subcontratistas de la región, del mismo modo que se hizo con PAE en el contrato a cuarenta años.