"A los militares ya no les interesa tanto el poder político de los ministerios como el manejo de las empresas, especialmente en tres actividades que producen divisas: el petróleo, la minería y los alimentos", explicó a LA NACION Rocío San Miguel, de la ONG Control Ciudadano, que publicó el año pasado un informe titulado "El entramado de empresas, fundaciones y órganos militares en Venezuela".

La petrolera estatal Pdvsa, que aporta más del 95% de los ingresos del presupuesto nacional, está dirigida desde hace un año y medio por un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana, Manuel Quevedo, un mayor general sin experiencia en el tema.

El segundo rubro es la minería, puesto que Venezuela ostenta una de las reservas de bauxita (de la que se obtiene el aluminio), oro y diamantes más grandes del mundo. La explotación minera está controlada por los militares a través de Camimpeg (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, creada en 2016), que es presidida por el mayor general Alexander Cornelio Hernández Quintana.

El tercer sector de importancia que está bajo control castrense es la alimentación, a través de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, creada hace tres años para combatir el desabastecimiento y dar pleno dominio a los uniformados sobre el sector, desde la producción hasta la distribución y comercialización de alimentos y remedios. Es tal la importancia que el gobierno asigna a esta área que está dirigida en forma personal por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

"En este momento hay más de 1000 militares activos y retirados al frente de cargos públicos, desde funciones políticas hasta económicas. En ninguna democracia latinoamericana hay semejante cantidad de efectivos que desempeñen tareas ajenas a la función de defensa y seguridad para la que se formaron", explicó a LA NACION el economista José Manuel Puente, del caraqueño Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA).

"La brecha cambiaria en Venezuela permite a los militares beneficiarse en sus empresas del dólar preferencial, comprar a diez y vender a 20. Así que difícilmente acepten renunciar a la alta renta que les genera la situación cambiaria", agregó Puente.

Otra especialista, Francine Jacome, directora ejecutiva del Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (Invesp), estimó que hoy "es mucho más fácil ver en qué sectores económicos los militares no tienen un dominio directo, ya que la mayor parte está bajo su control".

Las áreas económicas que escapan a la administración castrense son "espacios muy limitados que quedaron en manos privadas: comercios, pymes, telecomunicaciones y banca", dijo Jacome. "Pero aun allí existe una supervisión gubernamental permanente y en muchos casos mediante entes controlados por militares en actividad o retirados", advirtió la especialista.

Garantía

La creciente inserción de los militares en la economía marcha en paralelo con el deterioro de la situación general en los últimos años y la necesidad de garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas (Guardia Nacional Bolivariana, Aviación Militar, Ejército y Armada). Si solo fuera por su salario militar, por ejemplo, un mayor ganaría apenas el equivalente a unos 15 dólares mensuales, un ingreso que le alcanzaría para mantener a su familia durante tres días.

Así, de la solitaria empresa Cavim (Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares), fundada en 1975 y dedicada a la fabricación e importación de municiones y armamentos, los militares cuentan hoy con 20 compañías que abarcan desde la siembra y cosecha de granos hasta la fabricación de productos de limpieza, textos escolares y juguetes.

La gran pregunta entonces es si un futuro gobierno democrático podría "desarmar" este entramado para regresar el control de la economía a manos privadas. "Hasta que Guaidó no les ofrezca a las Fuerzas Armadas un plan de futuro no hay posibilidad que reviertan su apoyo a Maduro", estimó San Miguel.

Por su parte, Jacome agregó: "En una transición a la democracia, siempre en el mediano plazo, hay que fomentar estrategias de confianza mutua que permitan el control civil sobre el sector militar".

La especialista estableció además una relación directa entre el creciente rol militar en la economía y el incremento de los índices de inseguridad en el país más violento de América Latina, que el año pasado llegó a 81 homicidios cada 100.000 habitantes. "Es necesario que los militares vuelvan a la institucionalidad y el profesionalismo para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza", concluyó.