Cuando la sociedad fue sorprendida por la escena desbordada protagonizada por la jueza de faltas de la Capital Federal Elsa Parrili, buscó tranquilizarse pensando que era un hecho aislado. Tanto la prensa como los funcionarios políticos centraron la mirada en sus dichos discriminatorios: el registro de la cámara de seguridad mostraba que había apelado a las notas raciales de dos empleadas morochas. Pero no fueron muchos los que presentaron atención a la parte quizá más suculenta de la escena: la magistrada daba muestras de un desborde emocional preocupante, de una ira incontrolable, de una marcada falta de equilibrio. Y como si esto fuera poco, se adueñaba de una sensación de impunidad gracias a sus fueros, por lo cual no le preocupaba demasiado que la estuvieran observando gran cantidad de testigos.

No hace falta alejar demasiado la mirada para ver que en todas partes se cuecen habas, y en algunas partes se cuecen con un fuego intenso. El pasado19 de mayo, y en presencia de al menos quince testigos que son empleados de ese fuero, la jueza de menores Silvina Darmandrail agredió a gritos a una empleada judicial que ocupaba el cargo de oficial primero, y contaba con diez años de antigüedad y experiencia en la función. Gritaba que no estaba loca, como previendo lo que los observadores podrían estar intuyendo, y que no se iba a calmar nada. Mientras lo hacía, se agarraba la cabeza con las dos manos, y se colocaba en cuclillas como recluida y ensimismada contra una pared. Dando una sensación realmente deplorable a todos sus subordinados, la jueza gritaba a todos los presentes que se fueran del lugar.

La escena ya alcanzaba las dimensiones de una película de suspenso, cuando la audiencia que se llevaba a cabo simultáneamente en el Juzgado de Garantías Nº 2 debió ser suspendida porque los gritos de la magistrada eran tales que daba la sensación –correcta, además- de que se estaba viviendo una situación de tremenda inseguridad. Ni siquiera podía registrarse el audio de lo que en la audiencia en cuestión se deliberaba. Un papelón.

Tan desmedido fue el nivel de agresión y de peligro inminente que se vivió dentro del edificio, que la empleada agredida resultó internada en una clínica local con un preinfarto. A los pocos días, la jueza Darmandrail solicitó una licencia psiquiátrica por espacio de un mes, que quizá debió tramitar con anterioridad, para así evitar el desmesurado episodio. Pero no contenta con esto, durante su permiso por enfermedad la jueza concurrió a la Corte y solicitó la desafectación de la empleada a la que le había gritado el día de su ataque de nervios. Sí, la echó, a esta mujer con un legajo impecable, sin haber ofrecido prueba alguna ni justificación para tal medida: la oficial no había tenido un apercibimiento ni una sanción previos. La empleada dueña del legajo impecable no tuvo el menor derecho a la defensa: terminó sin trabajo, con todos sus derechos vulnerados, a pesar de la frondosa legislación que podría haberla respaldado.

Esta es la conducta de la jueza de menores que decide los destinos de tantas familias en la ciudad de Mar del Plata.

Las bajas

Cualquiera podría decir que no se trata de una cuestión del perfil de la magistrada, sino que fue tan sólo un mal momento. Un tremendo mal momento, que sin duda puso de manifiesto un descontrol emocional que no puede permitirse un juez de la Nación. Pero ni siquiera, porque a estas alturas, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires lleva adelante al menos tres sumarios en contra del desempeño de la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 (ex Tribunal de Menores Nº 1) por su mala actuación.

El primero es el que corresponde a la más triste de las historias que esta ciudad ha debido escuchar: la de la bebé Micaela Abigail Ramos -Lucero para los Hogares Belén-, marco en el cual la jueza Darmandrail no realizó ni uno solo de los controles que debía para evaluar la situación de la niña junto a sus padres biológicos, luego de que la custodia les fuera restituida, el 15 de diciembre de 2005. Los jueces superiores de la Cámara de Apelaciones en lo Civil le habían indicado a la jueza que efectuara estrictos controles mensuales, ya que se había acreditado que se trataba de personas muy violentas. Gracias a la inercia de Darmandrail, a su inacción, a su indolencia, la bebé de dos años terminó muerta por los golpes sufridos de manos de sus padres, su cuerpo fue colocado en un bolso cuando aún agonizaba, y arrojado en la Cantera de Rizzo. El tribunal había tenido cuatro meses para controlar la situación, y no había hecho nada.

La segunda cuestión es la discutible actuación de la magistrada en cuanto a la situación procesal del menor Jonathan Maldonado, apodado El Tona, quien efectivamente asesinó al adolescente Stéfano Bergamaschi durante un intento de asalto en su casa de Vieytes y Viamonte. Como se recuerda, se celebraba allí una fiesta de cumpleaños, y dos asaltantes aprovecharon la salida de uno de los invitados para ingresar a la vivienda. Ante el primer movimiento confuso, El Tona disparó tres veces sobre el joven, que finalmente murió camino al hospital. El asesino y su cómplice salieron de la zona a bordo de un automóvil conducido por una persona de la familia, que tenía esa específica función. Él, alertado de la gravedad de los hechos, se refugió en un hotel alojamiento de la zona junto con su novia. Allí fue donde lo encontró la policía.

Entonces, la sociedad se enteró de que se trataba de otra muerte evitable, ya que El Tona registraba en su haber varios asesinatos anteriores, y el primero lo había cometido a los 15 años. Jonathan estaba en libertad porque la Cámara de Apelaciones en lo Penal así lo había tenido que dictaminar, en virtud de que la jueza de menores Darmandrail había dejado vencer todos los plazos posibles para dictar una resolución definitiva, como así también todas las prórrogas otorgadas.

Era por eso que El Tona estaba libre aquella noche. Por eso pudo matar al joven Bergamaschi, de 16 años, y esta es otra muerte que pesa sobre las espaldas de la inoperante jueza Darmandrail.

La tapa de la olla

Pero esto no es todo. Bastará con destapar un par de expedientes para que, más allá de estas dos causas conocidas por la prensa local, sea posible encontrar cuántos y cuáles son los delincuentes peligrosos que están en la calle por desidia. No porque no haya legislación para inculpar a los menores, como ha dado en creer la voz popular, sino porque los magistrados ni siquiera levantan un teléfono para que los más peligrosos permanezcan recluidos, y así proteger al resto de la sociedad.

Basta como ejemplo el expediente de Lucio Darío Mora, quien está acusado del homicidio de Víctor Espinoza, de 22 años. En esta ocasión también la Cámara de Apelaciones en lo Penal debió dejarlo en libertad dado que la misma jueza no había presentado ninguna de las actuaciones necesarias para retenerlo, y había dejado vencer los plazos que establecía la ley, obviamente reclamados por los abogados defensores casi a diario. Al mes, Mora había cometido un robo doblemente calificado, por lo que se encuentra actualmente detenido en la Unidad Penal 44 de Batán, gracias a la intervención del titular del Juzgado de Garantías Nº 5.

La actuación deplorable que tuvo la jueza Darmandrail en la investigación de la muerte de Víctor Espinoza a manos del menor Lucio Mora llegó hasta la Excelentísima Cámara en lo Penal, que intervino a pesar de que no se encontraba bajo su jurisdicción, a causa de la gravedad institucional de los hechos que se verificaban. Actualmente, la investigación se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia.

La jueza investigada devuelve ataques de locura como respuesta a los sumarios en su contra, mientras se apilan los muertos sobre sus espaldas.