Con la investigación administrativa del Tribunal de Cuentas (TC) en marcha, referentes de la oposición insisten en que el ministro de Salud, Pablo Yedlin, debe presentar su renuncia al cargo por haber autorizado el pago de $ 800.000 a la Fundación Salud (Funsal), pese a que esta entidad no tenía sus papeles legales en orden.

El órgano de control, en sus observaciones, cuestionó que la fundación se haya inscripto para facturar el dictado de un curso sobre endodoncia a profesionales del Siprosa tres meses después de haber iniciado la capacitación. También, que en el listado de estudiantes no se haya adjuntado el número de DNI de cada uno o una constancia de la Dirección de Personal que acredite su pertenencia al Siprosa. Paradójicamente, LA GACETA dio cuenta de que la sede social inscripta por Funsal es un departamento céntrico cuya línea telefónica está a nombre de Raúl Penna, un ex funcionario de Yedlin y actual colaborador del ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur.

Tras el escándalo, el gobernador, José Alperovich, ratificó a Yedlin, pero anticipó cambios en los mandos intermedios del Ministerio, que aún no se concretaron. Por su parte, referentes de la oposición recurrieron a la Justicia y presentaron una denuncia penal en contra de Manzur, de Penna, de Yedlin y del titular de Funsal, el chileno Héctor Silva Olivares. Ayer, la UCR volvió a reclamar explicaciones al Gobierno. "Se debe sancionar a los responsables de tantos desatinos. Es vergonzoso lo sucedido y el responsable es Yedlin; no basta solo con su interpelación en la Legislatura, debe ser removido. No había dinero para los autoconvocados de la salud pero sí para los amigos del poder", cuestionó el secretario general del radicalismo, Rodolfo Aranda.