La quita de subsidios al consumo de electricidad y gas de un grupo de usuarios industriales y residenciales generará un alivio en las cuentas fiscales pero seguirá sin resolver el problema del déficit comercial energético, que este año cerrará en torno a los 3500 millones de dólares.

Durante más de dos décadas, la Argentina tuvo superávit en esta materia, gracias a su autoabastecimiento energético y a las exportaciones de petróleo y sus derivados. Ese saldo positivo, que hace sólo cinco años rondaba los US$ 6000 millones, se fue erosionando y este año -por primera vez desde 1987- terminará en rojo.

Con la eliminación de los subsidios, lo único que cambiará será que el costo de haber perdido el autoabastecimiento energético ya no reposará sólo sobre el Estado; los usuarios se deberán hacer cargo de una política que implica, por ejemplo, importar gas a un precio seis veces superior al que se paga por los hidrocarburos nacionales.

Según estiman economistas y especialistas en energía, lejos de disminuir con la anunciada quita de subsidios ,el déficit comercial energético se incrementará el año próximo como consecuencia de la contratación de una mayor cantidad de barcos regasificadores (convierten el gas licuado importado en gas natural), una suba del precio del fluido proveniente de Bolivia y una dependencia cada vez más pronunciada del gasoil y el fuel oil importados.

"En principio, la reducción de los subsidios no es una medida directa para encarar el problema del déficit energético. No está destinada a solucionar el problema de abastecimiento sino un problema de caja que no cierra", sostuvo Gerardo Rabinovich, especialista del Instituto Argentino de Energía (IAE) General Mosconi.

Según Horacio Lazarte, analista de la consultora abeceb.com , "si hasta ahora se hacía cargo Enarsa [la empresa estatal de energía] de la diferencia entre el costo de adquisición de las importaciones y el de inyección y distribución, ahora se trata de que algunos sectores empiecen a pagar esa diferencia, pero no va a ser suficiente para revertir el saldo comercial en pocos años".

Fuga de divisas

De los más de 35.000 millones de pesos que el Estado destinará este año a subsidios relacionados con la energía, la gran mayoría se utilizan para pagar importaciones de combustibles líquidos, gas y electricidad. No quedan en manos de empresas argentinas y, por lo tanto, son dólares que salen del país y que erosionan el saldo comercial. Pero el hecho de que una parte de esos fondos -por el momento, unos $ 4000 millones- pasen a ser aportados por los usuarios de los servicios no altera la ecuación importadora.

De hecho, en lugar del medio centenar de barcos regasificadores que llegaron este año a los puertos de Bahía Blanca y Escobar, Enarsa ya licitó la contratación de 80 buques para el año próximo. El volumen de gas que se importa de Bolivia por gasoducto, que este año representó unos 7 millones de m³, llegará hasta los 11 millones. Además, hay que contabilizar la suba de precios: el gas boliviano empezó el año costando US$ 7,6 el millón de BTU y lo cierra con una cotización de 10,73 dólares. El gas natural licuado que llega por barco ya se paga entre 15 y 19 dólares el millón de BTU, muy por encima de los 12 a 14 dólares que costaba inicialmente. Y, sobre todo, muy por encima de los US$ 2,80 que se paga por el gas producido en territorio argentino.

"La quita de los subsidios no es un incentivo para producir más gas en el país porque no afecta el tema de los precios", afirmó el ex secretario de Energía Daniel Montamat. Algo similar ocurrirá con la electricidad, ya que en los últimos años la mayor demanda se cubrió con energía producida a base de gasoil y fuel oil importados, que tienen un costo varias veces superior al del gas.

Ante este panorama, hay quienes calculan que el déficit energético trepará el año próximo a los US$ 5000 millones, una cifra que equivale a la mitad de todos los dólares que este año quedarán en el país como resultado del comercio de bienes.

Hay, sin embargo, un factor que podría contribuir indirectamente a mejorar la ecuación energética del país. Rabinovich lo expresa así: "Al incrementarse sideralmente las facturas, naturalmente va a bajar la demanda, y esto va a aliviar el déficit comercial energético". Es la gran esperanza de las empresas generadoras y distribuidoras de gas y electricidad: que al pagar precios más realistas los clientes residenciales adopten por fin un uso más racional de la energía.

Tarifas, en la mira

A futuro, hay quienes creen que este primer movimiento del precio residencial de la energía (comenzó en los barrios más acaudalados, pero el Gobierno ya anunció que llegará a todos los que lo puedan pagar) abre una puerta para actualizar las tarifas que reciben las empresas del sector.

"La clave pasaría por una revisión integral de las tarifas de servicios púbicos. Este sería un elemento fundamental para gatillar inversiones y ampliar genuinamente la oferta, a la vez que permitiría atacar la raíz del drama energético: los bajos precios percibidos por las firmas proveedoras de petróleo y gas natural, fenómeno que viene contrayendo la oferta local y que derivó en la pérdida del autoabastecimiento que históricamente caracterizó a nuestro país", señaló un informe del centro de estudios económicos del Banco Ciudad.

Según Montamat, el problema es que "se comenzó a desarmar los subsidios presupuestarios pero no los subsidios económicos, que son los que establecen una diferencia entre el precio vigente de la energía y el precio que marca el costo de oportunidad de importar ese recurso de otro mercado". En otras palabras, una transferencia de la rentabilidad que benefició a los consumidores finales y a los productores extranjeros, pero que no alentó las inversiones para producir más energía localmente.

Analizan un aumento del agua en la provincia

LA PLATA (De nuestra corresponsalía).- En medio del impacto por los aumentos que implicará para los usuarios la eliminación de los subsidios a las concesionarias de energía eléctrica, funcionarios bonaerenses revelaron a La Nacion que la empresa estatal Aguas de Buenos Aires (ABSA) estudia un incremento de tarifas para el año próximo. En ABSA, que presta el servicio de provisión de agua potable y mantenimiento de cloacas en 62 distritos de la provincia de Buenos Aires, se analiza la distorsión de los costos, las inversiones necesarias para extender el servicio y otras variables de la operación de la empresa, aunque, de aplicarse, el reajuste se haría recién el año entrante, resaltaron las fuentes consultadas.