Una de las principales discusiones políticas del 2010 gana fuerza en la Legislatura, motorizada en especial por bloques no oficialistas que buscan que el gobierno de Juan Manuel Urtubey tenga una Auditoría independiente.

Al proyecto del senador Raúl García (PRS) que propuso que al menos tres de los auditores reflejen la oposición política, se le sumó uno similar esta semana: el de Virginia Cornejo en la Cámara de Diputados que especifica que dos de los auditores sean de la primera minoría, y uno de la segunda.

La Auditoría General de la Provincia fue creada durante el gobierno de Juan Carlos Romero por la ley 7103. Allí, para asegurar una mayoría oficialista en el organismo de control, sólo se especificó que dos integrantes debían ser representantes de la oposición.

El debate sobre la composición del organismo, se disparó este mes por la proximidad del fin del período de su actual presidente, Miguel Torino, del resto de sus integrantes a fin de este año y por el impacto público que tuvo la publicación de los resultados de una auditoría sobre el encargo de digitalización que hizo a último momento el gobierno de Romero a la empresa Plumada, concesionaria de la guarda de archivos.

Dada la cambiante composición de los bloques dentro de la Cámara, Cornejo propuso que se entienda por minorías las integraciones de la Cámara según los resultados de la última elección legislativa. Y que en caso de minorías con la misma composición numérica de diputados, tenga preferencia la que hubiere obtenido mejor resultado en la última elección legislativa.

Al igual que en la propuesta de García, Cornejo propuso que la presidencia esté en manos de la oposición y que, además, sea ejercida sólo por un año.

La legisladora de Propuesta Salteña manifestó que la iniciativa apunta a contribuir al mejoramiento de la calidad de las instituciones, asegurando un sistema equilibrado de poder que permita a la Auditoría General "ejercer la alta función que la Constitución le ha encomendado, en condiciones reales de independencia".