Este reclamo lo elevó el jefe del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, Ricardo Gil Lavedra, el 23 de abril, y en el mismo pide que la UIF aplique la nueva ley antilavado para pedirle a la Justicia “la suspensión por un plazo prudencial de la ejecución de las operaciones encomendadas”. El organismo nunca contestó el pedido.

Por otro lado, Ciccone se niega a aclarar quiénes son los verdaderos dueños de la imprenta, después de la quiebra dispuesta y luego levantada en 2010. En ese sentido, el juez en lo Comercial Javier Cosentino intimó por cédula a la firma que conduce el presunto testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, para que por lo menos indique qué información quiere resguardar por “secreto fiscal” o bancario, pero que aun así deberá detallarle la situación societaria y patrimonial de la compañía.

Así, el Gobierno le terminó entregando un millonario negocio a una empresa que ni siquiera da a conocer quiénes son sus accionistas y cuyo proceso de quiebra está fuertemente cuestionado.

Impresión en marcha

La orden de impresión que arranca esta semana -a un costo de $ 510 cada mil billetes, por un total cercano a los US$ 55 millones- llegó después de completar dos pasos previos. El primero, las pruebas de impresión en “papel rosa” para verificar que todo marchara bien; el segundo, la entrega a la nueva Ciccone de las primeras cajas con el “papel moneda” de alta seguridad, necesario para imprimir billetes.

Hoy el Banco Central deberá entregar otras 210.000 láminas para la impresión de 50 billetes cada una. Es decir, el papel moneda suficiente para fabricar otros $ 1.050 millones.

Según trascendió, la logística para la impresión de billetes demanda a la Casa de Moneda un costo operativo de magnitud. En principio, por el fuerte operativo de seguridad, que incluyó contratar camiones blindados de la firma Brinks, con acoplados de hasta 20 pies. Y que luego deberá repetirse para devolver los billetes a la Casa de Moneda para su numeración, paso previo a ponerlos en circulación.