Desde el recambio legislativo, los bloques del PD, el Confe y la UCR han terminado apoyando, alternadamente, los proyectos que fueron priorizados por el oficialismo.
Sin embargo, desde que se renovaron las cámaras legislativas el 1° de mayo pasado, el Ejecutivo provincial logró el aval de los principales temas que impulsó, entre los que se encuentra la designación de conjueces, el convenio con Potasio Río Colorado, el rechazo al decreto presidencial por la promoción industrial y la aprobación de nuevos jueces.
A diferencia del Gobierno nacional, que cuenta voto a voto en el Congreso, el Ejecutivo provincial ha podido respirar tranquilo luego de las sesiones legislativas, pese a no tener mayoría en ambas cámaras.
"Demasiado bien nos portamos", definió irónicamente el presidente del bloque del Confe en el Senado, el cobista Juan Carlos Jaliff.
Es que el "sosiego institucional" y la "búsqueda de consenso" que pidió el gobernador Celso Jaque en la apertura de la Asamblea Legislativa hace cuatro meses encontraron eco en la oposición, pese al reclamo que Cazabán hizo el miércoles pasado como vocero del Gobierno y de las fuertes cuestionamientos públicos que suelen lanzar principalmente desde el Frente Cívico Federal hacia el oficialismo, que generalmente no se ven reflejados en los votos.
El primer guiño que la Legislatura hizo a Jaque fue la firma en el Senado de todos los partidos, a principios de junio, de un proyecto de rechazo al decreto presidencial 699/10 por el que se que extendió la promoción industrial a las provincias vecinas y perjudicó a Mendoza.
"Ahora nos dicen que somos una máquina de impedir porque pedimos explicaciones oficiales sobre las negociaciones que hace Jaque por la promoción", se quejó el presidente del bloque radical en el Senado, Armando Camerucci.
Un mes y medio después, Diputados avaló por unanimidad la prórroga de la intervención de OSM (Obras Sanitarias Mendoza) que pidió Casa de Gobierno, pese a que no autorizó el anticipo financiero de 10 millones de pesos solicitado por el Ejecutivo.
Ahora, la Cámara baja trabaja en comisiones en la constitución de la empresa estatal Agua y Saneamiento Mendoza, tras la decisión de Jaque de reestatizar OSM (ver página 2).
La misma suerte corrió otro pedido que el Gobernador hizo el 1° de mayo. Se trata de un acta acuerdo para que la empresa Vale comience a extraer sales de Potasio en Malargüe. El convenio fue avalado en Diputados el 30 de junio por 30 votos afirmativos y sólo 16 negativos.
Mejor suerte corrió en el Senado, cuando el 10 de agosto 30 legisladores le dieron el visto bueno y sólo 4 lo rechazaron.
En medio del debate por ese convenio, las declaraciones del presidente del bloque de diputados radicales, Alejandro Molero- quien lanzó la frase "billetera mata a galán" en alusión a supuestos pagos a legisladores para la aprobación del acta- motivaron un pedido de sanción por parte del oficialismo y el PD.
Pese a que cobistas y radicales -divididos- parecían resistir la embestida, permitieron que Molero fuera castigado y el miércoles pasado avalaron una resolución para que pidiera perdón públicamente a través de la publicación de solicitadas en los diarios locales.
De 45 diputados presentes (sin contar al castigado), 42 votaron esa opción y sólo tres la rechazaron, pero eran de otro partido.
"Cazabán se va de boca. Hemos avalado todos los proyectos que mandó el Ejecutivo, pero tenemos que cumplir nuestra función, no podemos ser un unicato", se quejó el presidente del bloque demócrata en Diputados, Aldo Vinci.
Para ponerle fin a la pelea del Ejecutivo con la Corte por la designación de conjueces, Diputados aprobó una resolución de autoría del presidente de la Cámara,Jorge Tanús (PJ), pidiéndole al máximo tribunal que dejara sin efecto los nombramientos.
Tras esa situación, Jaque ganó la disputa ya que la Corte dio marcha atrás con su decisión de nombrar jueces interinos, como pretendía el Ejecutivo. En la Legislatura, el oficialismo fue apoyado por el Confe con los votos y por el PD, el radicalismo y un diputado del Confe con la abstención, posibilitando la aprobación del proyecto.
Lo mismo ha venido sucediendo en el Senado con los pliegos de los jueces que el Ejecutivo manda.
"Sólo dos jueces han sido rechazados. Han logrado el aval para todo lo que han mandado", admitió la senadora por la Coalición Cívica-ARI, Alejandra Naman.
La Cámara alta sólo bochó, el 29 de junio pasado, el pliego de Dardo Fernández (allegado a Cazabán) y el 13 de julio, el de Virginia Rumbo.
El martes pasado, en una sesión dudosa fue avalado Fabián Hatallah, que es socio del hermano del secretario general de a Gobernación.
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