La iniciativa se conoció en la última sesión de la Cámara de Diputados, ocasión en la que Carlos Lorenzo se refirió “al grave estado” en que se desarrolla la actividad. “Con nuestra industria pesquera venimos a pura pérdida”, afirmó.

El legislador reseñó las sucesivas etapas atravesadas a partir de la firma del convenio con la provincia de Santa Cruz a principios de 2006. Al respecto indicó que los criterios de equilibrio económico y ecológico fueron “desvirtuados” y planteó la necesidad de generar un debate para atender los reclamos del sector y acordar aquellas políticas que puedan llevar ayuda para resolver esta situación de crisis.

Además propuso que “se pongan en marcha los mecanismos que establece su artículo 13°”, en alusión a “la denuncia unilateral del mismo cuando una de las partes no se siente contenida en conveniencia para su sector”.

SOLO CUATRO PERMISOS VIGENTES

Al fundamentar el proyecto, Lorenzo mencionó la difusión pública de un pronunciamiento de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) relacionada con la problemática que se vive en el sector, alertando sobre la imposibilidad que existe de abonar el pedido de aumento salarial que está establecido a partir del acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación.

Para Lorenzo “se está en una situación sin retorno en la industria pesquera del Chubut” y citó las causas de ese estado, mencionado los valores internacionales, los costos internos, insumos, el costo del gasoil, las cargas sociales y las tasas. Luego hizo referencia también a la gran cantidad de puestos de trabajo que se han caído y sostuvo que de 26 permisos de pesca fresqueros estén operando solamente 4; 22 de ellos han sido devueltos.

“FRACASO”

El radicalismo propone la derogación de ley IX 67 (ex Ley N° 5.469), surge del convenio celebrado con fecha 5 de enero de 2.006 entre las provincias del Chubut y Santa Cruz, representadas por los gobernadores, Mario Das Neves y Sergio Edgardo Acevedo. Entre sus objetivos estaba regular y ordenar las pesquerías con artes de arrastre en el golfo San Jorge, con el propósito de lograr la explotación ecológicamente sustentable de los recursos vivos. Otra finalidad era que a partir del principio de equilibrio económico, los permisos que se otorguen en reciprocidad sean proporcionales a las características de las pesquerías existentes en cada jurisdicción, según lo estableció el artículo 1° de la norma.