Las empresas dejaron trascender que no se ajusta a la verdad que exista una mayoritaria intención de suscribir esos acuerdos voluntarios, y es que el sector vino cuestionando esa normativa desde su creación, si bien solo dos empresas fueron a la Corte Suprema, el resto también compartía esos cuestionamientos sobre la constitucionalidad, al tiempo que en varias ocasiones plantearon que debía ser modificada esa ley porque tampoco era garantía que con el texto frio de una norma se pudiera garantizar puestos de empleos genuinos.

Un escenario irreal

Y, tal vez aquí radique uno de los nudos de la cuestión, por un lado hace casi una década se creaba la denominada ley de emergencia ocupacional que obligó a las empresas que explotaban el recurso langostino en aguas del Golfo San Jorge a que crearan determinada cantidad de puestos de trabajo en plantas en tierra tomando como parámetro la capacidad de la bodega de los barcos congeladores con licencias provinciales. Fueron empleos creados por una ley y no sobre la base de una demanda real de mano de obra, las pesqueras aceptaron crear esos puestos para poder explotar los permisos de pesca en las aguas de Chubut del golfo.

Diez años después la realidad es otra, el gran interés que antes había sobre la pesca de langostino en ese caladero interprovincial que se comparte con Santa Cruz decayó, ya que el recurso está menos tiempo allí, y en los últimos años el mayor rendimiento de las capturas se verificó en aguas nacionales y no en el Golfo San Jorge. Por esa y otras razones, algunas empresas levantaron sus inversiones de Chubut y se fueron, como Arbumasa por ejemplo, y otras devolvieron los permisos de pesca provinciales.

Durante años las empresas radicadas principalmente en Puerto Madryn criticaron el tenor de la ley que ahora la Corte Suprema de Justicia a derribado en tres ejes centrales, dándoles la razón, entonces resulta poco probable que si en todo este tiempo cuestionaron esa legislación, hoy vayan a aceptar firmar un acta, cuya validez es absolutamente difusa.

Teniendo fuerza y rigor de ley, la 5639 fue cumplida a medias, por lo que un acta “voluntaria” se asemejaría más a una expresión de deseo y un listado de buenas intenciones, pero de ningún modo a un ordenamiento jurídico con posibilidad de ser exigido.

Después del fallo de inconstitucionalidad, el estado chubutense, no está en posición de reclamar el cumplimiento de esos requisitos que establecía la ley, como condición para renovar los permisos de pesca provincial, porque si así lo hiciera motivaría una escalada de presentaciones judiciales invocando el demoledor contenido de la sentencia que ya es considerada jurisprudencial.

Decir, apenas horas después que tomó estado público la determinación de certeza de la Corte, que en Chubut se mantendría el “status quo”, no fue una buena señal, según indican fuentes empresariales con radicaciones asentadas en Madryn.

Consideran poco entendible desde la lógica política que se intente insistir sobre el error, y es que ni la ley, ni mucho menos los “acuerdos voluntarios” son garantía alguna para que los puestos de empleo se mantengan, los barcos descarguen la totalidad de las capturas en puertos provinciales y procesen en plantas locales.

El sector sostiene que los empleos se defienden generando condiciones reales a través de medidas efectivas de promoción y sostenimiento de la actividad, por ejemplo evitando o conteniendo los aumentos de los costos internos, y que necesita también del compromiso de los gremios, por citar un caso, para reducir el desmedido ausentismo que tiene la industria pesquera del orden del 35 por ciento, muy lejos de la media en otras actividades productivas que ronda el 8 por ciento.

La inductria paralizada

Fuentes empresarias consultadas afirman que no hace falta una ley, o un acuerdo voluntario para que los barcos descarguen sus capturas y las procesen en Chubut, sino que requiere de medidas efectivas que alienten esa acción; y en esa línea plantean que si no existe una política real de abaratar los costos portuarios haciéndolos competitivos difícilmente se logre el cometido. Los puertos de Chubut son para el sector pesquero los más caros del país, y no por el costo de la tasa o canon de uso de muelle, sino por los elevados costos de los servicios, entre ellos el de la estiba.

Si las empresas optan por descargar en otros puertos, no es por una cuestión maquiavélica o que obedece a elucubraciones maliciosas, las razones son mucho más simples, y tienen relación directa con los costos de los puertos de Chubut que en determinados ítems son bastante más caros que en Santa Cruz, Río Negro, Tierra del Fuego y Buenos Aires.

A pesar de las buenas intensiones, anuncios, y discursos de ocasión, hoy el combustible para los barcos pesqueros en Puerto Madryn sigue teniendo el valor más alto que cualquier otro puerto del país.

La crisis pesquera existe y reconoce orígenes a factores endógenos y exógenos. La rebaja de los derechos de exportación no está vigente. Se eliminaron los reembolsos por puertos patagónicos, que permitía al menos equilibrar los mayores costos patagónicos.

El tradicional mercado de exportación de productos pesqueros argentinos es Europa en general y España en particular, la crisis de la “Eurozona” retrajo el consumo de los productos Premium de langostino, eligen productos menos costosos, eso implicó una caída de los precios internacionales. La ecuación muestra un notable incremento de los costos internos de producción, asociado a una baja de los precios de exportación, que configuran un coctel explosivo para la pesca, y afecta tanto a las empresas chicas como a las de mayor volumen.

Y, pretender que con un fallo de la Corte Suprema haciendo lugar al planteo de las empresas, estas ahora “voluntariamente” acepten las mismas reglas que siempre cuestionaron, es poco menos de improbable. Si bien el gobierno de Chubut expresó que “nada cambia”, el sector empresario que es el generador de las fuentes de empleo advirtió que no es cierto que esté dispuesto a desaprovechar esta oportunidad que tiene la pesca para repensar su esquema y generar condiciones que se traduzcan en medidas y hechos concretos para sostener la actividad.

La pesca, tanto en su rentabilidad económica, como en su rentabilidad social no es sostenible con discursos políticos, sino con políticas de estado de largo plazo. El timón está en sus manos.