La ley que buscaba otorgar una jubilación de privilegio a los diputados y senadores goza del desprecio social, el arrepentimiento "moral" de los legisladores y un decreto de Celso Jaque por el cual ordena el veto.

Pero ese rechazo aún no está publicitado a través del Boletín Oficial y por eso hay desconfianza entre los trabajadores estatales, especialmente los judiciales.

La ley 8.163 fue sancionada en secreto y sin promoción y otorgaba a los legisladores un retiro con satisfacción garantizada. Para acceder sólo necesitaban dos años de ejercicio en la Legislatura. Entre otros beneficios, tenían el 82 por ciento móvil.

Pero ni bien la noticia trascendió, vino el arrepentimiento y el "escarmiento" de parte del Poder Ejecutivo. Todo con la ley ya aprobada por unanimidad en el Senado y la Cámara de Diputados.

A partir de allí se generó una sucesión de escenas novelescas en la cual los mismos legisladores que habían aprobado la norma, se peleaban por dejarla sin efecto.

Los legisladores intentaron archivarla pero no podían al estar sancionada. Por eso y tras diversas consultas con especialistas, elevaron la ley 8.163 al Poder Ejecutivo, con una nota en la que prácticamente suplicaban que la vetara, debido al rechazo social que tenía el proyecto, que originalmente fue redactado por el cobista Andrés Marín.

A todo esto, el enojo popular ya había calado hondo, potenciando aún más el enojo tanto con la iniciativa como hacia los propios impulsores y futuros beneficiarios.

Veto confirmado

Ayer, desde la secretaría Legal y Técnica de la Gobernación aseguraron que el veto de Jaque es efectivo. Así quedó redactado en el decreto 433 firmado el 23 de marzo. Ese decreto fue elevado a la Legislatura para saber si los legisladores que la habían aprobado se oponían al veto.

Para ello necesitaban los dos tercios de los votos. Pero eso no ocurrió. Ahora hay demoras en la oficialización de la anulación. Los Judiciales siguen el tema con lupa, pero la ley está vetada de hecho porque "el proceso que requiere una ley para estar vigente no se cumplió" al no haber sido promulgada por Jaque, por lo que los legisladores no tienen derecho alguno a reclamar su jubilación de privilegio.

La demora en la publicación se debe a la "cola" de normas que hay en el Boletín Oficial: "Hay mucha demora en la publicación de normas. Eso genera cierta inseguridad jurídica porque la información no está actualizada. Pero si el decreto de veto está firmado por el Gobernador e informado a la Legislatura, la ley no tiene vigencia", aseguró la constitucionalista Gabriela Ábalos.

Más allá de esta confirmación, la suspicacia que ha generado la no publicación del veto en el Boletín Oficial se parece al sigilo con el que los legisladores se movieron en su momento al sancionar la ley.

Tal vez por eso, y pese a las explicaciones oficiales, no son pocos los que, fiel al dicho popular, quieren "ver para creer".